Opinión de Damaris Suárez: LUMA no quiere que se fiscalice

Del CPI.

La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros.

Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública la información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA?

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes. Ya el Supremo había ordenado su entrega. Esta semana lo reiteró, pero la empresa se niega a rendir cuentas sobre la operación con fondos públicos del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica bajo el supuesto de que una empresa privada no está obligada a ofrecer esa información.

Aunque en la segunda solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo la empresa alegaba que la Cámara de Representantes no tenía legitimación activa (standing) para pedir la información, lo cierto es que la empresa ha sido consistente en negarse a hacer pública toda información sobre sus operaciones por considerarla confidencial. En otras palabras, no es que lo pida la Cámara… es que no quieren que se les fiscalice.

Tan es así que, pese al revés en el Tribunal Supremo, LUMA insiste en que no entregará la información, sino que planteará sus objeciones durante una vista de desacato que se efectuará en la sala del juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia. Aunque no hay fecha aún, el tribunal podría señalar la vista para la próxima semana siempre y cuando se reciba el Mandato del Tribunal Apelativo y se presenten los escritos, supo este miércoles el CPI.

LUMA plantea que “ninguno de los foros apelativos ordenó que LUMA contestara los requerimientos impugnados”. Según la empresa, ahora que el caso regresa al Tribunal de Primera Instancia, confían en que “la justicia prevalecerá”.

“Ninguna compañía debería ser forzada a revelar la identidad y salarios de sus empleados, secretos de negocio, información sensitiva de la operación y de infraestructura sin un objetivo legislativo legítimo; aún más, sin cumplir con las leyes aplicables y el debido proceso de ley al solicitar la información”, sostuvo Stensby en declaraciones escritas.

La semana pasada, la falta de transparencia de LUMA salió a relucir nuevamente en las audiencias públicas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU. En más de una ocasión, el presidente y CEO de LUMA Energy, se negó a ofrecer información sobre los salarios de los ejecutivos de la empresa tras ser cuestionado por varios congresistas, entre ellos, Nydia Velázquez, Raúl Grijalva y Rashida Tlaib, de Michigan.

Tlaib le tuvo que recordar a Stensby que si LUMA Energy busca manejar los más de $9,000 millones en fondos de FEMA para reparar el sistema eléctrico, entonces las operaciones de la empresa son de carácter público porque están financiadas con dinero público.

Es decir, un operador privado que mediante contrato maneja un servicio esencial con el dinero público.

“No, no te voy a proveer un desglose detallado de nuestras estadísticas de empleo. De la misma manera que cualquier otra empresa privada tampoco haría público un desglose de sus estadísticas de empleo. Y no te voy a dar sus teléfonos, ni sus direcciones y no te voy a decir cuánto se les paga”. Con estas palabras, Stensby despachó hace dos semanas un reclamo de acceder a información pública.

La contestación, o mejor dicho la decisión del empresario de no contestar, ocurrió en una conferencia de prensa virtual en la que la reportera Luisa Sotero, de Telenoticias, le preguntó si tres mil trabajadores son suficientes para ofrecer el servicio y cuántos de estos son celadores.

La conferencia de prensa, y en particular la pregunta hecha en una de las pocas oportunidades que tenemos los periodistas para obtener respuestas de LUMA, se dio el domingo, 26 de septiembre, unas horas antes de que se anunciaran interrupciones de servicio tras problemas en unidades en las plantas de Aguirre y Palo Seco.

La respuesta a esa pregunta hubiera sido medular para evaluar los trabajos de reparación del sistema eléctrico que han afectado al país. ¿No les parece que era más que pertinente saber si el operador del sistema contaba con el personal necesario para atender los problemas que confrontarían a partir de esa noche?

Entonces, ¿cómo es posible que los abonados – que somos los dueños del sistema eléctrico que LUMA operará parcialmente por quince años mediante un contrato de $1,500 millones subsidiado con fondos públicos – no podamos saber con cuántos celadores cuenta la empresa para reparar las averías que cada vez con mayor frecuencia nos privan del servicio eléctrico?

La cultura de opacidad no inició el 1ro de junio de este año, cuando entró en vigor el multimillonario contrato de LUMA. Mucho antes de asumir el control de la transmisión y la distribución del sistema eléctrico, el CEO de LUMA Energy, LLC. había evadido responder públicamente sobre a cuánto asciende su salario y el de los directivos de la empresa. Esa y cualquier otra información sobre su plantilla de trabajadores las considera datos confidenciales.

La rendición de cuentas no parece ser el fuerte de LUMA. Desde el 1ro de julio el presidente de la empresa no había estado disponible para contestar preguntas de la prensa. El encuentro con periodistas no se daría hasta el domingo 26 de septiembre, cuando se negó a decir el número de celadores con el que cuenta LUMA. Incluso, unos días después, Stensby se negó a dar declaraciones cuando fue sorprendido por periodistas en una reunión en La Fortaleza en medio de la emergencia por las continuas interrupciones en el sistema eléctrico durante las pasadas semanas.

Hace poco más de cuatro meses, cuando entró en vigor el contrato de LUMA Energy LLC, me preguntaba cómo se podría fiscalizar a la empresa. A juzgar por las evasivas, silencios o excusas ofrecidas para no informar abiertamente sobre su operación, la plantilla laboral, ejecutivos y sus salarios, todo parece indicar que ninguna de las entidades que se suponen tienen la responsabilidad de fiscalizar el dinero del pueblo lo están haciendo.

Ni la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) ni el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) han exigido públicamente a LUMA que entregue la información sobre sus operaciones. Más bien, ambas parecen mirar hacia al lado ante el reclamo de transparencia ya que no han obligado a la empresa a rendir cuentas ni tampoco han sido proactivos en requerirles la información y hacerla pública como debería hacer un gobierno que se autoproclama transparente.

Cuando se trata de la fiscalización a esta empresa, tampoco se ha escuchado mucho del gobernador Pierluisi o de sus subalternos en La Fortaleza. No fue hasta que el Comité de Recursos Naturales del Congreso le pidiera por escrito a LUMA toda la información que se negó a dar en la audiencia pública que se escuchó algún reclamo de La Fortaleza y la AEE para que LUMA entregue la información. Las expresiones del presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernado Gil Enseñat, como las de la presidenta del Comité Timón para fiscalizar el contrato de LUMA y secretaria de la Gobernación, Noelia García, luego del requerimiento de información del Congreso fueron – a mi entender – producto del ultimátum que vino desde Washington.

“Eso es algo que, pues, obviamente, muy responsablemente la empresa tiene que considerar. Nuestro consejo sería que sí, que entregue la información que tengan que entregar y pues, obviamente, ellos están haciendo unas alusiones al contrato, que se respetan, y se prestan a una interpretación, pero yo creo que siempre es bueno el derecho a la información”, dijo Gil Enseñat.

“Le corresponde a LUMA Energy analizar y atender esta solicitud con premura. LUMA viene obligado a responderle al Congreso de Estados Unidos, y de igual manera acatar toda determinación del tribunal”, sostuvo por su parte García.

LUMA tiene hasta el 22 de octubre para entregar información que se negó a dar en la audiencia pública congresional. ¿Irá con las mismas excusas donde los congresistas? ¿O ese cuerpo legislativo federal sí tiene legitimidad ante LUMA?

LO QUE LUMA NO QUIERE ENTREGAR A LA CAMARA DE REPRESENTANTES

1. Las minutas, sonidos y grabaciones de las reuniones realizadas por LUMA Energy y cualquiera de sus subsidiarias desde el comienzo de sus operaciones en Puerto Rico hasta el presente.
2. La compensación anual del Presidente de LUMA Energy y la compensación correspondiente a los seis (6) principales ejecutivos, con un desglose de sus beneficios marginales.
3. Las cartas, minutas, correos electrónicos de la reunión o elecciones que certifiquen su elección como Presidente de LUMA Energy.
4. Las fechas en que se reunió o habló con el gobernador Pedro Pierluisi antes, durante y después de la aprobación del contrato entre LUMA Energy y el Gobierno de Puerto Rico.
5. La cantidad de querellas de abonados recibidas y las querellas atendidas desde el 1ero de junio de 2021 al presente.
6. La cantidad de interrupciones en el sistema eléctrico ocurridas a partir del 1 de junio de 2021 al presente; qué sectores fueron afectados por las interrupciones en el sistema eléctrico y el periodo de tiempo para la reparación y restauración de las interrupciones ocurridas en el sistema eléctrico.
7. Lista de los 17 contactos de LUMA con los municipios; el desglose por sectores que atienden, incluyendo el acordado con el Municipio de San Sebastián, así como Plan de Manejo de Emergencias aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.
8. Informe Oficial del Cuerpo de Bomberos del Incendio en la Estación de Monacillos y un desglose de los contratos para seguridad.
9. Lista de Directores Regionales de LUMA Energy, certificación de encargado de seguridad de Monacillos y nombre de cabilderos y bufetes de abogados que estuvieron involucrados previo y luego de iniciado el contrato y cuánto se ha desembolsado.
10. La cantidad de celadores, cuántos de estos son subcontratados y un desglose por categorías, 1, 2, 3, 4.
11. La cantidad de brigadas con un desglose por tareas, tipo de servicio que brindan y costo.
12. Cantidad de adiestramientos ofrecidos.
13. La ubicación de los Centros de Llamadas o “Call Centers” de LUMA Energy y la cantidad de empleados. Cuántos son subcontratados y cuántos vienen de la Autoridad de Energía Eléctrica; cuántos hablan español con fluidez y el costo.

LO QUE LUMA NO LE QUIERE ENTREGAR AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

1. Datos de los índices SAIFI, SAIDI, CAIDI, MAIFI y CEMI del 1 de junio de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
2. Documentos que demuestren la cantidad de fluctuaciones de voltaje que resultaron en daños a la propiedad de los clientes de la AEE.
3. Todos los documentos relacionados con la(s) causa(s) de cada interrupción del servicio eléctrico ocurrida entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
4. Para cada categoría de puestos enumerados a continuación, documentos para demostrar (i) el número total de empleados de LUMA, (ii) el número de empleados contratados de la AEE (iii) el número de empleados de LUMA con menos de un año de experiencia laboral en el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico (iv) el número de empleados de LUMA que anteriormente no eran residentes de Puerto Rico, (v) el número de personal temporero, (vi) el número de personal contratado, y (vii) el número de personal de LUMA con menos de 10 años de experiencia trabajando en el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico. Para cada uno de los siguientes renglones, incluya los datos solicitados tal como estaban el 1 de junio, el 1 de julio, el 1 de agosto, el 1 de septiembre y el 1 de octubre de 2021: a. Trabajadores de línea Journeyman b. Trabajadores aprendices de línea c. Trabajadores de líneas aéreas d. Trabajadores capataces de línea e. Operadores del sistema en el centro de control de Monacillos f. Operadores del sistema en el centro de control de Ponce g. Técnicos de relevo h. Ingenieros de protección i. Mecánicos de la flota de vehículos de LUMA j. Operadores de grúas k. Técnicos de subestación l. Representantes de servicio al cliente m. Operadores de despacho de equipos de reparación.
5. Todas las comunicaciones entre LUMA y la AAPP sobre el reclutamiento o la contratación de personal.
6. Documentos que demuestren el número de equipos que LUMA ha dedicado a (a) mantenimiento y (b) reparación de apagones y dónde se encuentran los equipos;
7. Documentos para demostrar cuánto tiempo espera LUMA que la unidad 6 de Costa Sur esté fuera de servicio.
8. Documentos del impacto en las tarifas de la interrupción de la unidad 6 de Costa Sur.
9. Documentos para mostrar el monto de los gastos de Luma en inventario, incluidos, entre otros, postes y transformadores, de proveedores que requieren un pago por adelantado.
10. Documentos que muestren los paquetes de compensación y los títulos de los empleados de LUMA para quienes la compensación total exceda los $200,000.

Esta columna publica en Metro Puerto Rico gracias a un acuerdo colaborativo con el Centro de Periodismo Investigativo.