Del CPI.
Los periodistas, por nuestra formación, somos personas desconfiadas. Y por nuestra experiencia, desconfiamos especialmente de los políticos y de las estructuras de poder. Sin distinción. Es la naturaleza de nuestro trabajo.
A pesar de esto, la semana pasada estuve tres días en El Capitolio convocada por los representantes José Betito Marquez (MVC) y Jesús Manuel Ortiz (PPD) para participar en unas mesas de discusión sobre la transparencia gubernamental. Participaron algunos jefes de agencia, asesores legislativos y funcionarios de agencias y de la rama judicial, senadores y representantes, y organizaciones que impulsan el acceso a la información.
El camino hacia crear un marco legal en el país que facilite y amplíe el derecho de acceso a la información en Puerto Rico ha estado lleno de piedras. En 2016, un proyecto de ley impulsado por organizaciones como el CPI que trabajan con la transparencia y el acceso a la información, se topó al filo de la medianoche con el boicot y las luchas internas tanto del PNP como del PPD. Se colgó. Luego, volvimos a la mesa en 2017 convocados por la administración de Ricardo Rosselló, que solicitó recomendaciones para aprobar un marco legal de acceso de la información y datos gubernamentales. Sometimos recomendaciones y enmiendas a los proyectos de ley que Rosselló propuso, y al final se aprobaron y firmaron el último día de Rosselló en La Fortaleza, con nuestra oposición, sin vistas públicas y sin incorporar la inmensa mayoría de las recomendaciones. ¿Cómo no desconfiar ahora, cuando se nos vuelve a convocar a la mesa?
Pues aún con la desconfianza, llegamos al salón Leopoldo Figueroa a escuchar y aportar. Nos topamos con mesas de diálogo deliberativo, un formato, por suerte, casi radicalmente opuesto al formato de las vistas públicas. Es la primera vez que se ensaya en El Capitolio esta metodología, donde la gente con posiciones distintas habla y busca acuerdos. Allí, un grupo de jóvenes del Centro para el Diálogo Sostenido de la Universidad de Puerto Rico fueron facilitadores de la conversación, que buscaba definir qué cambios necesita el marco legal existente para ampliar y adelantar los procesos de obtener información pública.
Mencioné al inicio de las jornadas que faltaba gente en la mesa, como las asociaciones de periodistas, grupos ambientales y de derechos civiles que han estado yendo al tribunal para obtener información pública, y los municipios, así como entidades comunitarias. Algunas fueron invitadas y otras no. Todavía debe haber oportunidad de sumarles al proceso.
Entre los cambios a las leyes 122 de 2019, “Ley de Datos Abiertos”, y la 141 de 2019, “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, se habló de la necesidad de acortar términos de respuesta y entrega de información; de eliminar la limitación de presentar peticiones de información bajo la Ley 122 solo en San Juan; ampliar la lista de documentos que las agencias tienen que publicar proactivamente, sin que se le soliciten; establecer un proceso expedito cuando la información ya está disponible o si es de la lista de publicación proactiva; incorporar sanciones, multas o pago de honorarios cuando no se cumple con la ley; y ampliar la aplicación a los municipios y la rama judicial.
Pronto estará disponible la relatoría del proceso.
La participación legislativa fue poca, aunque en momentos, sustanciosa. Hubo legisladores en las mesas que participaron mayormente con entusiasmo y deseo de escuchar, y otros que fueron a “dar cara” por media hora. Estuvieron, además de Márquez y Ortiz, José “Ché” Pérez Cordero (PNP), Dennis Márquez (PIP), Juan Zaragoza (PPD), Gorgie Navarro (PNP). Del ejecutivo, estuvieron el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, el principal ejecutivo de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés), Enrique Volkers Nin, el director del Instituto de Estadísticas, Orville Disdier, el director ejecutivo de la presidencia de la UPR, Alan Rodríguez, y el administrador de la Rama Judicial, Sigfrido Steidel.
Algunos jefes de agencia dieron cara el primero o el segundo día, y luego los sustituyeron funcionarios de las agencias, afortunadamente con conocimiento de los temas y capacidad de proponer y acordar cosas concretas.
Lo que quedó sobre la mesa es evaluar, a la luz de lo que se discutió allí, si la cantidad de parchos que hay que ponerle a las leyes aprobadas por la administración Rosselló son pocos, y se atienden con enmiendas, o si son tantos que hacen necesaria una legislación completamente nueva. Y queda sobre la mesa que se generen espacios de genuina participación a lo largo del proceso que queda para que de verdad termine siendo una legislación realmente efectiva para las personas y entidades que buscamos la rendición de cuentas y la transparencia, y no un intento fallido, como los anteriores. El diálogo deliberativo de la semana pasada fue un paso en la dirección correcta.
