La agricultura debería ser un eje importante para el desarrollo de nuestra economía, pero lamentablemente no figura en la lista de prioridades del Gobierno.
La evidencia es clara. No existe una política pública coherente y eficaz para impulsar el desarrollo del sector agrícola, a lo que se suman los desaciertos e improvisaciones del secretario del Departamento de Agricultura.
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Las quejas por el desempeño de Carlos Flores son continuas y estruendosas, y vienen de todos los sectores del agro puertorriqueño. Y no es para menos, a juzgar por muchas de las decisiones que ha tomado en el transcurso de sus casi tres años al frente de la agencia, que también ha estado salpicada por críticas a su estilo autoritario.
En el nuevo capítulo de los equívocos del secretario, llama la atención una declaración reciente en la que indicó que impondría una reducción de dos millones de cuartillos de la producción quincenal de leche en el país, lo que suma 52 millones de cuartillos al año y que totaliza 25 % de la producción anual que, de cara a un futuro inmediato, podría llegar a significar hasta una baja de 42 %.
Lo que es peor, es una movida que no ha sido presentada ni discutida con los componentes de la industria cuando se trata de una acción que, si se concretara, afectaría a las 256 vaquerías del país, que, a su vez, son el grupo más importante del agro nacional, que genera el 23 % del ingreso bruto de la agricultura, equivalente a $200 millones anuales.
En una inútil justificación, el secretario señaló que la reducción experimentada en las ventas de leche fresca mueve su intención de fijar nuevas reglas para impactar toda la cadena láctea del país. Sin embargo, parte de una apreciación incorrecta y desorientada sobre el funcionamiento de esta importante industria.
Si bien es cierto que, en los últimos años, variables como la emigración y el cambio en las preferencias en el consumo de leche han provocado una disminución en las ventas de leche fresca, no se puede pasar por alto que, al mismo tiempo, se ha producido un alza en la producción de productos lácteos derivados con una tendencia marcada en la exportación. Esa situación, buena para la industria, ha permitido que la producción de leche en las ganaderías se mantenga estable.
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Ahora, si de buenas a primeras se decide imponer una orden arbitraria para reducir la capacidad productiva de nuestras vaquerías, la industria, en su totalidad, se quedaría sin los volúmenes necesarios para cubrir sus costos, lo que afectará la estabilidad económica de los ganaderos.
Expertos estiman que lo promovido por Flores provocaría el cierre de 57 de las vaquerías existentes, lo que afectaría más a las que operan con menos costos y más eficiencia.
Al mismo tiempo, y lo que es peor, una reducción en la producción de leche, como la anunciada por Flores, dejaría al país sin abastos suficientes para cubrir toda la demanda de consumo, tanto de leche fresca como esterilizada (UHT o ESL) y eso solo sería beneficioso para quienes controlan el negocio de la importación de leche y demás lácteos. Conocedores consideran que, en ese escenario, se tendrían que importar cerca de 20 millones de cuartillos de leche.
Paradójicamente, la intentona del secretario va contra el bienestar de la principal industria agrícola puertorriqueña, la que se supone que está convocado a proteger y potenciar desde su cargo público.
Si el señor Flores enfocara sus intenciones en resguardar la industria lechera, no estaría hablando de reducir la producción de leche, sino, acorde con las tendencias de nuestro mercado, se enfocaría en medidas para promover el desarrollo de más y nuevos productos lácteos en Puerto Rico, incentivar su consumo, ponerles freno a las importaciones e identificar mercados emergentes para canalizar la producción que se pueda perder ante la reducción del mercado de leche fresca.
Pero no es así. Lamentablemente, el secretario representa un obstáculo para la innovación de productos en la industria. Además, por qué mejor no dirigir la política pública a establecer parámetros de calidad más estrictos en la producción de leche, a la usanza de las exigencias del mercado mundial. Asimismo, por qué no establecer un modelo de pago que remunere a los ganaderos por la calidad de su producción.
Al actuar de esa forma, no solo garantizamos leche fresca y derivados de mejor calidad para los consumidores, sino que estaríamos elevando el nivel de nuestra industria y concentrando la producción en quienes verdaderamente se ocupen de cumplir con altos estándares de calidad.
Esto sería importante porque, según datos de la industria, las vaquerías que producen leche de baja calidad en la isla son, justamente, las mismas que tienen costos elevados de producción y las que obligan a subir el importe del producto cada vez que se realiza una revisión de precios.
Como advertencia final: ojo con tomar a la ligera lo que acontece en la industria lechera; mucho ojo con la indolencia frente a las movidas que constantemente emprende el secretario para afectar los intereses de la mayoría de los buenos empresarios ganaderos del país.
