Opinión de Rosa Seguí: Elecciones abiertas: una demanda de justicia electoral

Lee aquí la columna de la excandidata a la Legislatura por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Por Rosa Seguí

El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, acusado criminalmente por corrupción, llegó a ese puesto en el 2017, mediante unas elecciones especiales. El mecanismo de las elecciones especiales se utilizó debido a la vacante que dejó Héctor Oneill, cuando finalmente renunció a un puesto que ocupó por más de dos décadas y en medio de una investigación de la Oficina del Fiscal Independiente por alrededor de veinte violaciones a la ley, incluyendo agresión sexual. Es importante recordar que Pérez le ganó a Carmelo Ríos en esas elecciones. En esta ocasión, anunció que volverá a aspirar a dicho puesto.

El tema de la corrupción en las alcaldías bajo la dirección del bipartidismo tradicional no es nuevo. Más de veinte alcaldes de ambos partidos han sido sentenciados por actos de corrupción y sus vacantes han sido llenadas mediante elecciones especiales. En el caso de Cataño el PNP pretende evitar la elección especial mediante la selección unilateral -impugnada judicialmente- del sustituto de Felix Delgado. Entre quienes aspiran a la alcaldía de Guaynabo -además de Carmelo Ríos en su segundo intento por la misma vía- se destaca Edward O’Neill, hijo del exalcalde hoy convicto. Para combatir efectivamente la corrupción en las alcaldías -PNP y PPD- es necesario quitarle el control que tiene el bipartidismo tradicional para llenar las vacantes. Para el bipartidismo resulta inconsecuente que sus alcaldes abusen, que violen la ley pues retienen esos puestos. Por eso, al escoger al sustituto de un alcalde corrupto, no se debe limitar la participación a las personas que militen en el partido de ese alcalde.

La delegación legislativa de Victoria Ciudadana junto al senador independiente Vargas Vidot, presentó un proyecto de ley para que las vacantes a las alcaldías y a la legislatura por distrito se elijan mediante elecciones especiales en las tengan derecho a participar todas las personas del municipio o del distrito del que se trate. Es lo que exige la justicia electoral.

 

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