Desde hace semanas despertar llega acompañado por un gran signo de interrogación. ¿Será que hoy habrá una nueva ronda de arrestos por corrupción? Claro que las detenciones de funcionarios presuntamente corruptos no son novedad. Desde Víctor Fajardo en la década de 1990 hasta Julia Keleher o Anaudi Hernández en los 2000, los ciudadanos probablemente nos hemos acostumbrado a recibir este tipo de noticia todos los cuatrienios.
En cada caso, lo de siempre. Todos son “inocentes’ solo para que el tiempo pruebe que muy pocos en realidad lo son. Los partidos se zapatean de las implicaciones y afirman que los arrestados para nada representan a las instituciones a las que pertenecen. Pero, en la práctica, muy poco se hace para evitar que la corrupción vuelva a ocupar titulares. De inmediato surgen propuestas para reforzar los adiestramientos éticos y las charlas en las que los funcionarios escuchan y vuelven a escuchar la necesidad de mantener la pulcritud en el desempeño de sus actos. Pero si me pregunta (y si no también) me permito opinar que el inversionismo privado a las campañas públicas es una de las raíces de la corrupción entre funcionarios electos. Tome usted como ejemplo el caso de Anaudi. Según las autoridades, el hombre pasó de tener un negocio de venta de celulares, a ser recaudador del Partido Popular Democrático a, más tarde, comenzar a “cobrar” el favor utilizando su acceso e historial como “hombre del dinero”detrás de las campanas para colocar a personas de confianza en posiciones de poder, obtener contratos y beneficios mediante la venta de influencias y pagos indebidos. Un salto en el tiempo nos saca del PPD para acercarnos al PNP y la actual crisis por el dinero “debajo de la mesa”del también recaudador Oscar Santamaría. ¿El hilo conductor de ambos esquemas? Individuos que han utilizado el inversionismo político para su propio beneficio y, en el proceso, han encontrado a figuras políticas que han participado de sus esquemas. Y ese es el meollo del asunto. Aunque es un hecho que las aportaciones privadas a campañas políticas están no sólo permitidas sino protegidas por vía del Gobierno de Estados Unidos, también es cierto que en demasiadas ocasiones quienes aportan a las campañas políticas desde el sector privado no lo hacen porque son “desinteresados benefactores” del partidismo, sino porque ese inversionismo se convierte luego en una deuda de lealtad. Yo te doy y tu me das.
A pesar de ello no se ha cuajado la intención de la mayor parte de los políticos locales de cambiar voluntariamente ese esquema de aportaciones que luego se cobran a manera de favores y contratos. Aunque esas aportaciones privadas no pueden prohibirse, también es cierto que, si se da el consenso, pueden cuajar acuerdos para prescindir o poner límites adicionales a esas aportaciones privadas. ¿Quién dice yo?