El segundo gobierno compartido

Lea aquí la columna del profesor Emilio Pantojas García.

Por Emilio Pantojas García

El primer gobierno compartido durante el cuatrienio 2005-08, que estuvo integrado por un gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), y una mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), nos dejó como legado duradero el IVU (impuesto sobre ventas y uso) y la corrupción como práctica institucional bipartita. El segundo gobierno compartido, integrado por un gobernador PNP y una mayoría legislativa PPD en la cámara y una mayoría plural también PPD en el senado, nos lega en su primer año un plan de ajuste de deuda destinado a una segunda quiebra, otro resonante escándalo de corrupción y el fracaso rotundo de la privatización del servicio de energía eléctrica administrado por Luma.

En justicia el legado del primer gobierno compartido tuvo más componentes nefarios: (1) el inicio de una recesión económica de la cual no hemos salido y se ha convertido en “la gran depresión de los 2000”; (2) la expansión de la deuda extra constitucional mediante la creación de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) que utiliza el IVU como fuente de pago; y (3) la consolidación a regañadientes de una alianza conflictiva entre el PNP y el PPD que comparten las riendas del gobierno en una gestión económica que tiene como objetivos el incremento de impuestos y de fondos del gobierno federal de Estados Unidos que se utilizan para el lucro personal y beneficio de las maquinarias de partidos. La gestión pública de esta alianza PNPPD es un retrato perfecto de la mala gobernanza: corrupción pública, falta de transparencia, tráfico de influencias, favoritismo, amiguismo y clientelismo político.

A partir de la Ley 7 de 2009, declarando una emergencia fiscal, los gobiernos del PNPPD en vez de tratar de estimular la economía y “aprovechar” el IVU para reducir la deuda pública, utilizaron los recaudos adicionales como “rentas” extraordinarias para beneficiar a los “clientes” partidistas. Esta y otras prácticas de mal gobierno llevaron a la quiebra del gobierno en junio de 2015.

En 2017 el huracán María descorrió el velo mostrando a Puerto Rico como un estado fallido. Se reveló la incapacidad de la clase política y el gobierno de Puerto Rico para suministrar servicios básicos, ejercer control físico del territorio y reclamar la autoridad legítima en la toma de decisiones. Puerto Rico se convirtió en un paria político cuyo control lo asumiría una Junta de Supervisión y Gerencia Fiscal nombrada por el gobierno norteamericano. El Congreso reafirmó su soberanía confirmando lo que sabíamos: nunca dejamos de ser una colonia clásica.

La crisis de legitimidad y gobernabilidad llegaron a su punto de efervescencia con la expulsión de un gobernador electo en medio de protestas callejeras que paralizaron el país por 15 días en julio de 2019. Los sismos del sur y la pandemia del COVID19 proveyeron un espacio para la rearticulación de la clase política y la alianza conflictiva de los partidos de gobierno. Las elecciones del 2020 produjeron un segundo gobierno compartido, aparentemente distinto del primero. El gobernador fue electo con una mayoría plural de 34%, el menor número de votos para el cargo desde 1968. Tres partidos de minoría y un candidato independiente lograron ocupar escaños en la legislatura. El Movimiento Victoria Ciudadana se convirtió en la tercera fuerza política del país, eligiendo 2 senadores y 2 representantes, el Partito Independentista Puertorriqueño eligió una senadora y un representante y el Proyecto Dignidad eligió una senadora y una representante. También se eligió un senador independiente. En el senado fueron electas más mujeres que hombres por primera vez en la historia.

No obstante, al finalizar el primer año del segundo gobierno compartido los únicos acuerdos importantes fueron “plan de ajuste fiscal” articulado en la Ley 53 de 2021 y un raquítico aumento en el salario mínimo. Una vez más quedaron marginados de la agenda corrupto asuntos importantes como: (1) Las reformas laboral y electoral; (2) una ley confiable para el retiro digno; (3) una reforma municipal que permita la buena gobernanza y administración de los recursos municipales; (4) una reforma educativa que nos saque del sistema de educación disfuncional que tenemos; (5) una reestructuración y reforma del sistema universitario público que nos saque de la bancarrota económica, intelectual y moral, y de los clichés como 11 recintos una UPR—que sirven más a la kakistocracia que a la universidad; (6) una reforma del sistema de salud precario y dependiente totalmente del afán de lucro de las aseguradoras y la “generosidad” del Congreso de Estados Unidos; (7) un plan estratégico para el desarrollo económico más allá de las leyes 60, 20, 22 y 273.

Hemos pasado de vitrina de la democracia y el desarrollo a ejemplo global de un estado fallido y una economía fracasada. Somos parte del panteón del fracaso global junto a Grecia, Haití y Venezuela. Estamos al garete y sin esperanza de un futuro mejor gracias a la alianza de la kakistocracia PNPPD.

 

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