Otra semana más que llega para confirmarnos que muchos de nuestros niños y niñas viven en peligro. Muchos más de lo que pensamos.
No bien comenzaba el lunes cuando la Policía divulgó el informe policiaco en el que se reportaba la muerte sospechosa de un niño de 5 años en Río Grande. El menor estaba a cargo de su madre y su padrastro. Este último afirmó a la Policía que escuchó un ruido en el cuarto del menor y que, al llegar a él, el pequeño estaba en el suelo, temblando y sin emitir palabra. Poco después las autoridades médicas confirmaron su muerte. Por lo que supe, de un análisis inicial, el golpe que presentaba el menor en la cabeza no parecía compatible con la versión de la caída de la cama.
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Ayer también supimos de otro caso atroz. Una niña de 10 años fue presuntamente violada por el compañero consensual de su madre. Padrastro le llamaba el informe (aunque para mi ser padrastro o madrastra implica mucho más que ser la pareja de alguien con hijos). El hombre señalado por los hechos ocurridos en Coamo, se entregó a las autoridades.
Al margen de estos dos casos, estoy seguro que usted se ha escandalizado ya en demasiadas ocasiones durante este año como consecuencia de eventos de alto perfil en los que nuestros niños son las víctimas. Esa sensación de angustia permanente no pude sino confirmarnos que vivimos otra crisis que continúa desatendida.
En el caso del niño de 5 años, Familia confirmó que la agencia recibió una querella anónima pero que cuando acudió a corroborarla “no encontró causa para intervenir”. Esa afirmación debe ser inevitablemente colocada ante una mirada de desconfianza. Recordemos que ese mismo departamento tenía hace solo tres semanas 12, 109 referidos sin atender. O lo que es lo mismo: Más de 12 mil menores de edad con el potencial de estar viviendo en situaciones de maltrato. O más sencillo aún: más de 12 mil casos de menores de edad cuyas vidas podrían estar en peligro mientras el Estado no solo no asigna los recursos para atenderlos sino que admite que hacen falta pero no los buscará. Esa estadística supone que el 69% de los referidos que llegan a esa agencia no son atendidos como consecuencia de que el Departamento tiene un déficit de al menos 1,500 trabajadores sociales como consecuencia de los recortes presupuestarios que experimenta la agencia desde hace años. No podemos olvidar que esa misma agencia “almacenó” cerca de 40 mil casos sin atender en el año 2013, en una pugna en la las vidas de los menores quedaron atrapadas en un ping pong de culpas entre la entonces secretaria Yanitzia Irizarry y la administración de Aníbal Acevedo Vilá.
En definitiva, el Estado y la Junta de Control Fiscal han sacrificado el bienestar de los niños y niñas en medio de la búsqueda de ahorros para el pago de la deuda del país. La alta cúpula de Familia sabe (cómo ha sabido durante años) que no cuenta con el personal adecuado para atender los casos que atiende la agencia, pero sus directivos han jugado al juego de “podemos trabajar con esto” y el “debemos ser más creativos con los recursos disponibles” en lugar de denunciar la incapacidad de trabajar los casos de manera adecuada con los recursos disponible. Al preguntarle al Gobernador sobre el tema y la posibilidad de que las vidas de los niños sigan estando en riesgo si la insuficiencia de fondos continúa, el ejecutivo apostó por esperar a que se vaya la Junta y regresemos a los mercados para poder atender adecuadamente la insuficiencia de recursos que pone las vidas de miles en riesgo. El problema es que las vidas no esperan.
Mientras se aguarda por la asignación de fondos y recursos adecuados para Familia, esa agencia nos ha heredado una guía que nos muestra el perfil de los agresores de nuestros niños. Por lo menos hasta hace unos años. Según el PErfil del Maltrato a Menores, publicado por la agencia en 2013, de los poco más de 10 mil perpetradores en casos de maltrato a menores “el 82.4% de los(las) perpetradores(as) fueron padres o madres biológicos de los(las) menores, específicamente 58.6% fueron madres y 23.8% fueron padres. Del restante 16.7% de los(las) perpetradores(as) que no eran padres/madres biológicos, el 62.4% eran padrastros, el 11.8% abuelos o abuelas y el 5.9% madrastras. Resultaba evidente que la mayor parte de los perpetradores eran mujeres, cosa que el propio perfil explicaba reconociendo que la mayoría de los casos se daban en entornos en los que el padre no estaba presente y la madre era la cabeza del hogar. Ese perfil también nos contaba que la edad del perpetrador no superaba los 34 años. Dudo que el Estado utilizará estos datos para elaborar política pública. Incluso es posible que muchos datos se tornaran en caducos. Pero, por favor, no sigamos ignorando las señales de alerta que nos llegan de todas partes. Vivimos en una indudable crisis social y hemos no solo querido ignorarla sino que las decisiones de política pública insisten en echar leña al fuego.
