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Opinión de Alejandro Figueroa: Qué sale mal cuando el gobierno interfiere con los precios

Lee la columna de opinión del abogado estadista, Alejandro Figueroa.

Los precios son una realidad de nuestro diario vivir, al igual que quejarse de ellos. Usted probablemente prefiera precios más bajos en casi todo, pero especialmente cuando compra una casa o paga la universidad, y desea precios más altos cuando llega el momento de vender esa casa o negociar su salario. Dejando a un lado las quejas, los precios son la clave para una prosperidad generalizada.

Los precios contienen información vital: nos muestran cuán escasos son los recursos. Indican lo que quieren los consumidores. Los emprendedores e innovadores confían en ellos para decidir qué hacer y cómo hacerlo. Pero no todos los precios no proveen la misma cantidad de información significativa. Con demasiada frecuencia, los gobiernos interfieren. En un intento por proteger a los consumidores, los políticos imponen límites de precios o precios mínimos. Otras veces, los gobiernos suben los precios para beneficiar a determinadas industrias. Estos esfuerzos pueden estar bien intencionados, pero distorsionan la información que transmiten los precios y tienden a empobrecernos como sociedad.

La economía podría parecernos caótica. Todos los días, millones de personas toman miles de millones de decisiones de forma independiente. Desde tazas de café hasta automóviles nuevos, los consumidores realizan innumerables compras; los innovadores están ocupados desarrollando nuevos productos; y los empresarios están invirtiendo en nuevos equipos, procesos, facilidades comerciales y edificios. Sin embargo, de alguna manera, el resultado no es un caos sino que podría describirse como prosperidad generalizada.

Este orden es una consecuencia de los precios y la competencia. El impacto que tienen los precios en el comportamiento de los consumidores ayudan a crear un orden donde el caos parecería más probable. Los precios más altos llevan a los consumidores a conservar o comprar otros productos. Asimismo, los precios muestran a los innovadores dónde deben dedicar su tiempo y esfuerzo. Ayudan a los empresarios a decidir dónde invertir su dinero.

Pero los precios solo son efectivos cuando reflejan las condiciones económicas reales. Deberían subir y bajar a medida que cambian las preferencias de los consumidores o cuando los productos escasean. Cuando los precios no reflejan estos cambios, el resultado automáticamente es escasez o exceso. En el caso de escasez, el costo de producir más del bien o servicio es menor que su valor para la sociedad, pero nadie tiene el incentivo de producir más. Por el contrario, un exceso de oferta significa que los recursos se desperdician en bienes cuya fabricación cuesta más que su valor para la sociedad. Ya sea escasez o exceso, el resultado es que la sociedad obtiene menos de lo que quiere.

La pandemia de COVID-19 sirve como un ejemplo trágico de las consecuencias de los mandatos gubernamentales sobre los precios. A medida que aumentó la demanda de máscaras, equipos de protección personal y papel higiénico, los precios también deberían haber aumentado. Pero, como hemos podido constatar con el pasar del tiempo, eso no es lo que sucedió. La congelación de precios en distintas jurisdicciones impidieron que los precios subieran. Con los precios permaneciendo en gran parte fijos, las empresas tenían pocos incentivos para aumentar la producción y los consumidores compraban más de lo que necesitaban. Como consecuencia se produjo una peligrosa escasez. Los acaparadores compraban suministros, mientras que los médicos y las enfermeras no podían conseguir máscaras.

Recientemente nos ha tocado ver la intervención del Gobierno en el sistema de tarifas de acarreo; es decir, la forma en que se compensa a los camioneros por llevar bienes y suministros de distintos tipos y de distintas empresas de un lugar a otro.  El argumento para que el Gobierno intervenga en dicha estructura de precios es el mismo que se puede hacer en cuanto muchos otros bienes y servicios; sin embargo, no quedo convencido de que el mercado por cuenta propia no lograría una estructura de precios más justa para todas las partes, al igual que pasa con la gran mayoría de los bienes y servicios que compramos y vendemos día a día.

En el siglo XXI, menos personas viven en la pobreza y se satisfacen más necesidades. Sorprendentemente, este progreso se ha logrado con poca planificación centralizada. La mayoría de las decisiones económicas se dejan en manos de los individuos. Sus elecciones están guiadas únicamente por sus propias preferencias y por los precios del mercado. La experiencia histórica dicta que cuando los gobiernos interfieren con los precios, se distorsionan los indicadores que son parte integral de la prosperidad y, en última instancia, debilitan el delicado orden económico que nos beneficia a todos como sociedad.

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