Opinión de Adriana Gutiérrez: Urge una nueva ley de costas

Lee la opinión de la asesora legal del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez Colón.

Por Adriana Gutiérrez Colón

La construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa, en Rincón, es el ejemplo más cercano de la necesidad de aprobar una nueva Ley de Costas que redefina la zona marítimo terrestre y cree política pública que garantice la protección, administración y el sabio manejo de los bienes de dominio público de la zona costanera de Puerto Rico, así como el acceso a nuestras playas y el disfrute en armonía con el medioambiente.

Las pretensiones de construir en la zona marítimo terrestre se repiten en Playa Jauca, en Santa Isabel, y en Playuela, en Aguadilla, además de las estructuras que hoy vemos dentro del mar en nuestro litoral, como en Rincón, Loíza, Ocean Park y Vega Baja, entre otros.

Más allá de la defensa del derecho a la propiedad privada, que levantan como justificación los propietarios de dicho condominio para insistir en la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre, lo verdaderamente preocupante es el respaldo de dichas acciones por parte de las agencias que tienen el deber de proteger nuestros recursos naturales y ambientales.

Proyectos para crear una nueva Ley de Costas (PC 115/PS 32), así como para crear una Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera (PC 116/PS 43) fueron radicados por la delegación del Partido Independentista en la Asamblea Legislativa durante este y cuatrienios anteriores. Pero el problema no es la falta de opciones o propuestas, sino la falta de compromiso y voluntad de parte de quienes tienen el deber de implementar y fiscalizar la política pública.

Hace unas semanas, tanto el Departamento de Asuntos Naturales y Ambientales como la Oficina de Gerencia y Permisos se expresaron en contra del PC 116 tras catalogarlo como innecesario, justo en medio de las manifestaciones e indignación de un pueblo que clama por el sentido común en la playa Los  Almendros, en Rincón. Mientras el gobierno y las agencias públicas estén al servicio de los intereses privados y no del pueblo ni del medioambiente, seguirá siendo necesaria la expresión del pueblo en defensa y protección de nuestras playas y de nuestros recursos naturales.

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