Las playas de Puerto Rico son nuestras, del pueblo. Un bien de dominio público, si queremos utilizar el término formal. Lo cierto es que la gran mayoría de las personas y familias que viven en Puerto Rico y quienes nos visitan utilizan las playas para despejarse, entretenerse, hacer ejercicios o deportes, celebrar cumpleaños, compartir, descansar, pasarla bien y hacernos sentir bien. Además, es una de esas actividades para las cuales no hace falta gastar los ya escasos ingresos para poder disfrutarla, con o sin compañía.
Además de lo anterior, nuestras playas y costas tienen una gran importancia como primera línea de defensa ante los embates y azotes de los desastres provocados por la crisis climática y ambiental. Los corales, las algas, los manglares y las dunas nos brindan protección al crear un dique natural que amortigua el impacto de la erosión, mitiga el aumento en el nivel del mar y el embate de las marejadas ciclónicas.
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Otro aspecto importante de las playas es su biodiversidad. Por eso es imprescindible la protección de todas las especies que allí viven, que visitan, se alimentan y anidan en ellas. Razones hay de sobra para proteger los espacios públicos, para mantener nuestras playas públicas y para el pueblo.
Por eso tenemos que continuar luchando por la defensa de nuestras playas. La combinación de los efectos de la crisis climática y ambiental con los efectos de la crisis social que provoca la construcción desmedida en las zonas costeras siguen reduciendo cada día los espacios de ocio y de entretenimiento como las playas. El caso del condominio Sol y Playa en Rincón así como la construcción en Playuela son dos ejemplos recientes que revelan la contradicción entre quienes se quieren apropiar de nuestros recursos para usos privados y exclusivos y quienes somos conscientes del valor que tienen nuestros recursos naturales.
