El gobernador interino Omar Marrero Díaz explicaba antes de ayer que el Gobierno evalúa todas las alternativas para retomar el momentum del esfuerzo de vacunación masivo. Actualmente, el 55% de la población ha completado el ciclo de vacunación, pero queda un largo trecho para superar el 70%, umbral donde se ubica la inmunidad colectiva.
Aunque la Coalición Científica no lo ha evaluado como una recomendación formal, miembros de esta han admitido que se indaga sobre las implicaciones legales de obligar a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19. Ante dicha propuesta, algunos miembros del grupo de médicos y científicos se inclinan hacia la imposición de mayores restricciones a las personas que todavía no se han vacunado, en una movida parecida a la anunciada recientemente por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
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Desde mi punto de vista, la vacunación contra el Covid-19 debería ser obligatoria, al menos para ciertos grupos. En ese sentido, deberían imponerse sanciones o restricciones para aquellos miembros de dichos grupos que decidan no vacunarse, como multas o limitaciones a la libertad de movimiento.
Cuanto menos grave e invasiva sea para un individuo hacer algo que prevenga el daño a otros, y cuanto mayor sea el daño prevenido, más fuerte será la razón ética para imponerlo. Está probado que estar vacunado reduce drásticamente el riesgo de causar graves daños y hasta la muerte a otras personas. Además, las vacunas como Pfizer, AstraZeneca o Moderna con una eficacia del 90-95% para prevenir que las personas se enfermen también han probado ser efectivas para detener la propagación del virus, aunque posiblemente en un grado menor. Estos beneficios tendrían un costo o consecuencias mínimas para aquellos a quienes se les requiera vacunarse.
El cierre de los negocios, toque de queda y el resto de las medidas tomadas para atajar la pandemia han sido obligatorias para todos los que vivimos en estos 100×35. Estas medidas, al igual que la vacunación obligatoria, han buscado proteger a las personas más vulnerables al COVID-19. Pero, como he argumentado en detalle en columnas previas, a diferencia de la vacunación obligatoria, el cierre y la paralización de nuestra economía implica costos individuales y sociales muy grandes y mucho más graves. Esencialmente, es inconsistente aceptar el cierre pero rechazar la vacunación obligatoria ya que esta última medida puede lograr un bien mucho mayor a un costo mucho menor.
Además, la vacunación obligatoria garantiza que los riesgos y las cargas de alcanzar la inmunidad de rebaño se distribuyan de manera uniforme entre la población. Debido a que la inmunidad de rebaño beneficia a la sociedad de manera colectiva, es justo que la responsabilidad de alcanzarla se comparta equitativamente entre los miembros de dicha sociedad.
Por supuesto, podríamos lograr la inmunidad colectiva a través de alternativas menos restrictivas que hacer que la vacunación sea obligatoria, como campañas de información para alentar a las personas a vacunarse. Pero incluso si alcanzamos la inmunidad colectiva, cuanto mayor sea la absorción de vacunas, menor será el riesgo de caer por debajo del umbral de inmunidad colectiva en un momento posterior. Debemos hacer todo lo posible para evitar que ocurra esa emergencia, especialmente cuando el costo de hacerlo es bajo.
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Fomentar la confianza e impulsar la aceptación haciendo que las personas estén más informadas es una alternativa que suena ideal, pero es arriesgada y ha probado ser solo parcialmente efectiva. El simple hecho de dar a las personas información sobre las vacunas no siempre aumenta la disposición a vacunarse y, de hecho, podría reducir la confianza en las vacunas. Por otro lado, hemos visto recientemente políticas de vacunación obligatorias en Italia y Francia que han impulsado con éxito la adopción de vacunas para otras enfermedades.
Las políticas obligatorias de cinturones de seguridad han demostrado ser muy exitosas para reducir las muertes por accidentes automovilísticos y ahora cuentan con un amplio respaldo a pesar de los (muy pequeños) riesgos que conllevan los cinturones de seguridad. Deberíamos ver las vacunas como cinturones de seguridad contra el COVID-19. De hecho, como cinturones de seguridad muy especiales, que nos protegen y protegen a los demás.
