El término “salario mínimo” se ha utilizado incorrectamente por la clase patronal para determinar el salario máximo al que tiene derecho la clase trabajadora. Por esto, y ante la falta de una legislación estatal que estableciera el salario mínimo, se presentaron varias medidas para aumentarlo. El martes pasado finalmente se aprobó de manera unánime en el Senado un proyecto que establece que el salario mínimo en Puerto Rico es de $9.00 la hora y que deberá ir aumentando de acuerdo al costo de vida y asegurando el progreso y mejoramiento de los niveles de vida. Distintas agencias del gobierno federal establecen los niveles de pobreza, entre estas el US Department of Health and Human Resources que cada año emite unos “Poverty Thresholds” y “Poverty Guidelines”.
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Es muy importante aclarar que no es suficiente aumentar el salario de acuerdo al aumento en el costo de vida, sino que también es imprescindible asegurarle a la clase trabajadora que se irá aumentando el salario con el propósito de asegurar el progreso y el mejoramiento de los niveles de vida. Y es que tenemos que tomar conciencia de que merecemos una vida que nos permita dedicarnos a muchos otros asuntos que no se limitan al trabajo. Debemos asegurarnos el derecho al ocio, a atender nuestra salud, la vida familiar, los pasatiempos, la lectura, a disfrutar los recursos naturales y un medio ambiente libre de contaminación, y otras actividades que nos llenen y nos gusten. No podemos continuar viviendo en el conflicto de decidir cuál mes se puede pagar la renta y cuál la escuela, o escoger entre hacer la compra o ir a profesionales de la salud.
Quienes gobiernan tienen también que elevar sus niveles de conciencia y poner a la gente por encima de todo. Nuestra niñez y juventud sentirá el efecto favorable de aumentar el salario mínimo como medida de justicia social. No podemos volver a esperar 14 años para legislar aumentos en los salarios, porque la última legislación federal se aprobó en el 2007. Continuemos organizándonos y movilizándonos para ampliar nuestros derechos y libertades y así, asegurarle a quienes viven en Puerto Rico mejores oportunidades.
