En los pasados días, a raíz de la situación con la energía eléctrica y LUMA Energy, se ha debatido cómo esto afecta el ambiente de inversión en la isla. No obstante, muchos inversionistas tienen su solución: montan su propio sistema energético a base de energía renovable, principalmente con placas solares.
Ahora bien, en el desarrollo económico, aunque la estabilidad y costo de energía juegan un papel importante, el proceso de permisos sigue siendo el peor dolor de cabeza para alguien que quiere emprender. Este ejemplo que le expondré es uno real y así hay miles de comerciantes, lo que demuestra que el gobierno muchas veces es el obstáculo; un sistema que lo que hace es buscar, en distintas instancias, problemas a las soluciones.
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Hace unos días estuve en la región oeste y me encontré a esta persona que intenta abrir un establecimiento de alimentos preparados. Me contó que lleva 19 meses esperando para poder abrir, hasta con exigencias que parecen ridículas. Lea esto.
Este principante de comerciante inicia el proceso con una inversión de $2,000.00 (50%) para radicar en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Unos 110 días después le dan un permiso provisional para construir. Unos 35 días más tarde tienen que pagar una póliza a la Corporación del Fondo del seguro del Estado y 25 días después los arbitrios al municipio. Luego de darle premiso provisional, aguantan el proceso porque debe verlo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Otro mes mٞás tarde la ACT pide el expediente a la OGPE. Transcurrieron 7 días y la ACY le bajó con 20 señalamientos. Para eso actuaron a las millas. Dichos señalamientos se respondieron en dos semanas. Pasó otro mes y la ACt acepta las correcciones/aclaraciones, pero entonces emitieron otros 10 señalamientos que no habían emitido antes. Le aclaran a la ACt y esta acepta las correcciones, pero vuelven y les emiten otros 5 señalamientos que igualmente fueron respondidos.
Luego vienen con un nuevo cargo de “exacción por impacto” de alrededor de $4,000.00. Ese cargo, según le explicaron, era por el establecimiento tener acceso a una carretera estatal. What the hell? Bueno, pues con tal de acelerar el poder abrir el establecimiento, el inversionista va a pagar con tarjeta. Entonces le dicen que tiene que ir a San Juan a pagar personalmente porque no pueden aceptar pagos con tarjetas. Otro what the hell? Siete días después puede viajar del oeste a la capital para pagar. Un mes más tarde por fin la ACT endosa el proyecto, pero no crea que se acabaron los dolores de cabeza.
La ACT le pasa el caso al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para evaluación. Pasa otro mes y entonces el DTOP le dice al ingeniero del inversionista que tiene que enmendar los planos. ¿Y qué planos vió la ACT que no dijo algo? Llegan las navidades del 2020. Entre el cambio de gobierno y las vacaciones navideñas, ahora hay que esperar a que pasen las primeras dos semanas del nuevo año para volver a someter el plano a DTOP ya que medio mundo en el gobierno tiene que trullar. ¿El país? ¿La economía? ¿Los ciudadanos esperando ser atendidos? ¡Pues! ¡Que aguanten! El gobierno no tiene competencia. Esperas a que puedan atenderte o esperas.
Se somete el plano. Ahora es que hay que pagar una fianza de $5,000. La historia es más extensa, pero no terminamos hoy. El punto es que este es el vivo ejemplo de cómo personas, comprometidas con echar adelante, y a la isla, buscando crear empleos y generando riquezas que terminen en ingresos adicionales para el gobierno, son atropellados por el mismo sistema.
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Son muchos los que intentan progresar tratando de abrir un comercio, pero muchas veces el que está sentado al otro lado del escritorio, como tiene trabajo “garantizado” por 30 años y recibe su cheque trabaje o no trabaje (recuerde la pandemia), como a él o ella no le afecta, pues no van a hacer mucho esfuerzo.
Culmino indicando que no todos los empleados públicos son así. En un caso como el que le expongo, pueden intervenir 10 empleados, 9 hacerlo bien, y con uno solo que se le siente encima al caso, se detiene o atrasa la oportunidad de que un ciudadano responsable pueda crecer junto a su familia y ayudar a otras familias a que también crezcanos, tratando de cumplir con la ley, la racional y la irracional.
