En días recientes el público parece haber puesto oído en tierra para descubrir el alcance de los poderes de la Junta de Control Fiscal. Y digo “descubrir” porque para muchos parecería ser un gran descubrimiento que por virtud de PROMESA prácticamente todas las leyes locales quedan subordinadas a PROMESA y, por consiguiente, las decisiones de la Junta. Si usted es de los que “acaba de descubrirlo” y se sorprende por el alcance de los recortes, las decisiones unilaterales y el terrible impacto presupuestario a decenas de partidas para buscar dinero para el pago de la deuda del país, le tengo noticias: usted no escuchó nada de lo que se advirtió hace 6 años.
Mientras entonces múltiples voces en la opinión pública alababan PROMESA y la Junta, desde mi programa radial y junto mi entonces productor Juan Marrero, en 2016 dimos forma a una serie de programas especiales que titulamos “Desmenuzando PROMESA”. En la tercera entrega de esa serie un trío de expertos compuesto por el abogado ambiental Pedro Sadé, el planificador José “Tato” Rivera Santana y el planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, levantó bandera sobre una temible amenaza que llegó de la mano de la ley congresional. Se trataba del peligro de venta de nuestros terrenos protegidos con valor agrícola o ecológico.
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Rivera Herrera advertía que en medio de la insolvencia de múltiples instrumentalidades públicas, sus activos corrían el riesgo de convertirse en objetos de venta para obtener dinero. En muchos casos, los principales activos de más de una agencia o corporación pública son sus tierras. Y como PROMESA puede aplastar virtualmente cualquier ley local, eso incluye leyes de protección ambiental.
Pero, ¿qué terrenos pueden ser puestos a la venta? Todos los que sean propiedad del Estado, aun cuando estén protegidos por leyes locales. Rivera Herrera lo explicaba. Tome usted como ejemplo los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste. Precisamente, 800 cuerdas del Corredor son propiedad de la Corporación de Fomento Industrial. Si la Junta así lo decide, esas tierras podrían ser puestas a la venta con la intención de buscar liquidez.
Lo mismo puede ocurrir con las miles de cuerdas en poder de la Autoridad de Tierras. Algunos de esos terrenos ya han sido alquilados a compañías como Buyer (antes Monsanto). Así que si han sido alquiladas, ¿por qué no pueden ser vendidas en medio de la búsqueda de liquidez? Tome, si no, el caso de los terrenos de la Laguna Tortugueros que, según argumentaba el trío de expertos, están bajo el ala de la recientemente privatizada Autoridad de Energía Eléctrica.
Los ejemplos provistos dejan en evidencia que a la hora de buscar dinero, ninguna etiqueta de “reserva” o “zona de conservación” puede ponerle freno a un potencial intento de vender nuestros principales terrenos con valor agrícola o ecológico. Y si ese es el escenario, la falta de poderes debe ser indudablemente sustituido por la vigilancia. Por el fiel escrutinio de las transacciones impulsada por ese ente congresional y, de ser necesario, por la denuncia.
La certeza de que nuestros principales terrenos no deben recibir un letrero de “se vende”. Nuestras tierras tienen que ser, en definitiva, nuestras.
