Opinión de Rosa Seguí: Justicia salarial participativa

Lee la columna de opinión de la abogada y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí.

Por Rosa Seguí

El 19 de mayo, el gobernador Pierluisi emitió una Orden Ejecutiva (OE) para establecer un grupo asesor sobre el salario mínimo. Según la OE, es prioridad de la administración asegurarle “justicia salarial” a la clase trabajadora. Y es que desde el 2009 el salario mínimo federal -de $7.25 la hora- se ha mantenido intacto aun cuando la ley federal le permite a los gobiernos estatales y territoriales establecer un salario mayor. Desafortunadamente, ese no ha sido el caso en Puerto Rico.

La falta de voluntad de los gobiernos para mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora se debe a los intereses a los cuales responden. Y aunque reconocemos que urge aumentar el salario a la clase trabajadora, lo cierto es que el grupo asesor que establece esa OE no representa a dicha clase. Por el contrario, nuevamente el gobierno escoge una mayoría desproporcionada de representantes patronales que han demostrado su incapacidad de asegurarle “justicia salarial” a las trabajadoras en Puerto Rico, con tan sólo 3 representantes de organizaciones sindicales y ningún representante de la clase trabajadora no organizada.

Entre los integrantes de este grupo asesor se encuentran los representantes de la Coalición del Sector Privado (Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Cámara de Comercio de Puerto Rico, Asociación de Industriales de Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, (MIDA), Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, ASORE y Asociación de Contratistas Generales) y también, el Secretario del Trabajo.

Ese mismo 19 de mayo, la Coalición y el Secretario del Trabajo defendieron, en vistas públicas del Senado, la reforma laboral y se opusieron a mejorar los términos y condiciones de empleo que promueven los proyectos del Senado 91 y 123. Sin fundamento alguno, sin cita, sin base, la Coalición sostiene que la Reforma Laboral de 2017 “fue una transformación abarcadora” y su objetivo “fue lograr un bien común: una economía robusta y creciente”. Un verdadero grupo asesor, o al menos balanceado, debería contar con mayor representación de la clase trabajadora y de las mujeres que la integran. De otro modo, tendríamos a patronos nuevamente decidiendo por las trabajadoras.

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