La constitución de Puerto Rico establece que la aprobación del presupuesto del país será responsabilidad de la legislatura. Durante años, el Capitolio era la sede donde se discutían las propuestas y necesidades que cada agencia de gobierno traía a la atención de la Asamblea Legislativa. Desde la imposición de la Junta de Control Fiscal, la discusión y aprobación de nuestro presupuesto se trasladó a sus oficinas en Hato Rey.
Es la Junta quien decide -apertrechados por la ley Promesa- cuánto recibirá cada agencia de gobierno, cuáles serán los recortes al presupuesto, cuáles serán las prioridades fiscales, a cuáles servicios gubernamentales se le darán prioridad y establecen el calendario de aprobación del presupuesto. En fin, deciden en qué y cómo se utiliza el dinero aportado por la sociedad puertorriqueña al gobierno por medio de las contribuciones.
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Desde la imposición de la Junta, la legislatura se ha convertido en un mero espectador de este proceso, incluso en el pasado reciente la Cámara y el Senado han aprobado simbólicamente presupuestos, en un fútil ejercicio legislativo, para que de forma inmediata cobrara vigencia otro impuesto por la Junta.
Por ello, la Universidad de Puerto Rico ha visto destruido su presupuesto, el dinero para la promoción y desarrollo de la cultura es exiguo, el aumento de salario y mejoras a los beneficios marginales de empleados públicos es inexistente, entre muchos asuntos de Gobierno que son prioritarios atender.
De forma constante, las agencias de Gobierno señalan la necesidad de reclutar personal ante la pérdida de empleados, por múltiples razones, para poder cumplir con sus obligaciones de brindar servicios a la ciudadanía. La Junta detiene todo ese proceso.
Desde la legislatura hemos denunciado esta dinámica, hemos emplazado al gobierno a retar a la Junta como organismo antidemocrático -pero sobre todo colonial- que manifiesta lo más burdo de nuestra condición política.
Si realmente queremos un presupuesto que responda al país y sus necesidades, si reclamamos democracia, si queremos que los legisladores que representan al país aprueben nuestras leyes sin injerencia de nadie, tenemos que acabar con la Junta de Control y con el colonialismo que la permite, y eso solo se logra con la descolonización e independencia de Puerto Rico.
