A menos de dos semanas de haber incumplido su promesa de derogar la reforma laboral, el Partido Popular Democrático (PPD) propone ahora un proyecto de ley para enmendar el Código Electoral de Puerto Rico que es inaceptable para el país.
Una reforma electoral debe partir del consenso, de un proceso amplio y participativo que persiga garantizar un proceso electoral justo, inclusivo y transparente, salvaguardando los derechos del electorado y de los partidos.
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No obstante, el PPD somete un sustitutivo a un proyecto de ley que no es producto del diálogo, ni de un proceso participativo, mucho menos de un examen minucioso de lo que debe ser un nuevo ordenamiento electoral. La propuesta es una excluyente, antidemocrática y persigue dar respiración artificial al bipartidimo que languidece. Esa es la razón por la que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista (PNP) se unen. Pretenden pasar por alto, deliberadamente, la nueva realidad política del país que hoy cuenta con una diversidad de sectores políticos representados en la Asamblea Legislativa y en la Comisión Estatal de Elecciones.
El proyecto limita los derechos de los partidos inscritos en áreas medulares como la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) y la Unidad de Control y Verificación de Actas. Las Juntas de Colegio de Votación no contarían con representación de todos los partidos como ha sido históricamente. El país conoce lo que sucede cuando estas juntas están incompletas.
Ignoran también la plaga de errores y serios señalamientos tras las elecciones pasadas, así como el urgente reclamo de transparencia electoral del país, que ha visto cómo estos dos partidos han olvidado las lecciones del pasado para agenciarse el control del sistema electoral puertorriqueño. La solución a la pasada reforma electoral, que entregó la CEE al partido del poder, no puede ser dejarla ahora en manos de dos partidos e ignorar las restantes fuerzas electorales.
Es por ello que en el PIP reiteramos nuestro compromiso con colaborar en los esfuerzos para la revisión absoluta de nuestro ordenamiento electoral de forma tal que se pueda devolver al país la confianza en los resultados electorales.
