Si algo quedó demostrado en la última vista del Congreso estadounidense del 14 de abril de 2021 fue la falta de consenso que existe en Puerto Rico y el Congreso sobre el futuro político de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Podemos anticipar, sin temor a equivocarnos, que ambos proyectos, el H.R. 1522 y el H.R. 2070, no llegarán al escritorio del presidente Biden para su firma. Estamos ante un tranque monumental que parece imposible desbloquear.
No obstante, debemos reconocer que el Puerto Rico Self-Determination Act of 2021 (H.R. 2070) es un esfuerzo bien intencionado y genuino para lograr un consenso, pero no fue reconocido así por aquellos que pretenden imponer a la trágala su opción de status.
De modo que este esfuerzo, para sorpresa de nadie, será uno más en la larga lista de esfuerzos frustrados, y resulta evidente que la solución no parece que saldrá de los puertorriqueños, ni tampoco del Congreso estadounidense. ¿Cuál debe ser entonces el siguiente paso?
Pese al tranque, si existe el consenso de que los puertorriqueños deben ejercer su derecho a libre determinación. Bajo el panorama actual, sin embargo, es imposible ejercer ese derecho dada la ausencia de definiciones claras de las fórmulas de estatus no-territoriales disponibles. En el caso de la Libre Asociación es más que evidente, ya que los puertorriqueños no conocen su naturaleza, sus beneficios ni sus implicaciones. Así las cosas, sin definiciones reales y viables, no existe la posibilidad para la libre determinación de los puertorriqueños.
Uno de los elementos más destacados del proyecto H.R. 2070 es la creación de una Comisión negociadora bilateral, compuesta por las contrapartes estadounidense y puertorriqueña, para definir las opciones no territoriales de estatus. Considero que, aunque el proyecto no sea aprobado, la Casa Blanca debe rescatar esta idea y adoptarla como un mecanismo para desbloquear el impasse existente.
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Es importante que esta futura iniciativa presidencial sea dirigida desde la Casa Blanca, desde la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, dirigida por Julie Chávez Rodríguez, específicamente. No es necesaria legislación congresional que autorice su creación, y existiría un mayor consenso para su ejecución. La Comisión debe estar compuesta por expertos en los diversos temas a negociar, dada su complejidad técnica. Además, debe incluir senadores y representantes del Congreso estadounidense, pues será el Congreso quien tendrá la última palabra en los Estados Unidos.
Por la parte puertorriqueña, sus miembros deben ser personas honorables, respetables, expertas, con una visión de futuro del País y conocedoras de los intereses norteamericanos. La Comisión quedaría truncada si desde un principio se incluyen como miembros de la contraparte puertorriqueña a los mismos de siempre, los guiados por la política partidista, la búsqueda de protagonismo y la ventajearía electoral.
No tengo la menor duda de que esta iniciativa permitirá desbloquear el callejón sin salida en el que nos encontramos. Será otro el panorama que tendremos los puertorriqueños y los estadounidenses, que nos permitirá avanzar hacia la descolonización al contar con opciones definidas al detalle, viables y disponibles. Esto traerá inevitablemente una realineación de las fuerzas políticas y un nuevo apoyo a las diversas opciones de estatus no territoriales.
Por supuesto, es de esperarse que muchos en Puerto Rico se opongan a esta iniciativa presidencial, pues no desean resolver el asunto. Son quienes viven del problema y lo utilizan para ser electos, y quienes saben que, una vez resuelto el problema, seguro no podrán seguir viviendo de la política. Por ello, es necesario que la sociedad civil tenga mayor protagonismo en el debate del estatus y en la proposición de soluciones, retando así el monopolio dañino que la política partidista tiene del conflicto sobre estatus, que ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para solucionarlo.
La propuesta ya fue presentada al presidente Biden y se encuentra en evaluación, esperando por el desenlace en el Congreso. El momento no puede ser más propicio para avanzar hacia la descolonización. Nuestro futuro depende de ello, ya que el camino que llevamos nos conduce inevitablemente hacia una realidad más trágica de la que hoy vivimos.