Seguimos enfrentando terribles niveles de violencia. La agenda de la Junta y los acreedores -avalada por el gobierno- no sirve. Insistir en arriesgar nuestras vidas para pagar -sin auditar- una deuda ilegítima e insostenible también es violencia. Negarse a mejorar las condiciones de empleo y de vida de la clase trabajadora en su conjunto —activa, desempleada y jubilada- en asuntos tan elementales como una licencia con paga para poder acudir a vacunarse, también es violencia.
En estos días se reseña en la prensa que la juventud no quieren vacunarse. Sin embargo, a principios de abril se anunciaba que la vacuna en la población juvenil tuvo buena acogida. Si hace menos de un mes había una buena acogida habría que preguntarse por qué el cambio. La realidad es que el gobierno, quien responde al sector patronal, ha sido incapaz de tomar medidas para que nuestra gente joven disponga de tiempo -sin perder de sus ya reducidos ingresos- para poderse vacunar. Esto no debería ser difícil de entender y también es violencia.
Según el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico han ocurrido 18 feminicidios directos y 3 indirectos en lo que va de año. La violencia machista existe, es real y hace que las mujeres vivamos con miedo. La consigna “estamos hartas del sistema” responde a que cuando nos quejamos, cuando informamos, cuando exigimos hacer valer nuestros derechos y libertades se nos tilda de “histéricas”, se nos invalida y se nos descarta. Los feminicidios más recientes han vuelto a hacer visible el machismo sistémico: la falta de acceso al sistema de justicia, la falta de ejecución de protocolos y servicios de justicia, la falta de educación con perspectiva de género, la impunidad de quienes se supone administren pero entorpecen el acceso a la justicia (deliberada o negligentemente), los discursos machistas y violentos de legisladoras y legisladores y la falta de servicios públicos adecuados como la salud, el agua, la energía eléctrica, el transporte y la educación.
Leemos a diario cómo se desvían, se malversan y se pierden millones de dólares porque quienes administran las agencias gubernamentales no actúan a favor del pueblo. La mayoría de las veces quedan impunes. Basta ya de impunidad.