Una vez más, el país se ve obligado a enfrentar la tragedia que emana de la violencia de género. Los recientes asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz Costas han revivido, en carne viva, las historias de todas las mujeres cuyas vidas les han sido arrebatadas como consecuencia del machismo en nuestra sociedad y la inacción gubernamental.
La violencia machista no es un asunto individual, no son casos aislados, es un problema sistémico que requiere el reconocimiento y la aceptación de las condiciones que han permitido la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Las disparidades en acceso a servicios, a igual salario, en discrimen laboral, la violencia física, entre otras injusticias, encuentran su fundamento en una sociedad patriarcal que condiciona a sus miembros a aceptarlas como norma.
PUBLICIDAD
Para encaminar la erradicación de la violencia de género, se debe atender como lo que es: un problema social. Y para ello es necesario que el gobierno asuma de una vez su responsabilidad en la atención y la prevención del mismo. Nos urge, por mencionar algunos ejemplos, la implementación de la educación con perspectiva de género, la capacitación del personal de las distintas instrumentalidades públicas que intervienen con casos de violencia de género, la recopilación y la divulgación efectiva de estos datos.
Las agencias gubernamentales, siendo los entes que dictaminan gran parte del funcionamiento social, tienen un rol esencial en la prevención del discrimen y la violencia, y en la promoción de la inclusión y el respeto a la diversidad y a la vida. Para ello, las instituciones públicas deben delinear acciones concretas dirigidas a erradicar las relaciones desiguales basadas en género y las distintas manifestaciones violentas que provocan.
En la Asamblea Legislativa hay varias medidas radicadas que buscan adelantar ese objetivo. Como punto de partida, es necesario adoptar la perspectiva de género en toda gestión del Estado y exigir que la aprobación de leyes, la ejecución de las políticas públicas, los procesos de reglamentación, adjudicación e investigación, así como los procesos judiciales, incluyan un análisis de perspectiva de género (PC-568/PS-226).
