Opinión de Julio Rivera Saniel: La Culpa es Huérfana

Nadie la quiere.

Es lo que tiene eso de “la culpa”. Sobre todo cuando resulta que es compartida. Si ese es el caso comienza el pase de batón que le deja en una mano y luego en la otra. En todas, pero en ninguna.

Ese parece que resulta ser el caso tras el asesinato de la joven Andrea Ruiz Costa, la mujer que resultó asesinada la pasada semana en un caso de violencia machista a pesar que acudió al tribunal como anticipando que podría ocurrir lo peor. Según ha trascendido, la mujer llevaba ocho meses de relación con Miguel Angel Ocasio Santiago. Pero temía por su seguridad a la luz de amenazas e incidentes previos. Con esa carga a cuestas acudió sin representación legal al tribunal de Caguas a buscar ayuda. Pero no la encontró. Allí se topó con dos rotundos “no”en voz de dos mujeres. Las juezas Ingrid Alvarado y Sonya Nieves. Según información corroborada por la propia Administración de Tribunales, Alvarodo determinó “no causa”en la denuncia presentada por la mujer por una violación al artículo 3.1 de la Ley 54. Su colega Nieves, por su parte, negó la Orden de Protección solicitada por la mujer. Ruiz Costa habría sido citada para comparecer al tribunal cinco días después. Pero la vida no le alcanzó para llegar a su cita.

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La semana pasada el hombre cumplió sus amenazas y no solo la asesinó sino que quemó su cuerpo que dejó abandonado en un paraje solitario. Pero esta culpa no tiene padres. O tal vez los tiene de sobra.

Si se le pregunta a los miembros de la judicatura, la culpa es del Departamento de Justicia. Así intentó establecerlo el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos Salgado Scwarz. El lunes, mientras conversábamos en mi programa radial, insistió en que la orden de protección no se emitió porque los fiscales -y no las juezas- no acompañaron a la mujer ni presentaron evidencia que habría ayudado a las juezas a sustentar una decisión a favor de Andrea. Que las juezas usaron su discreción y siguieron las guías aplicables. que , además, también falló la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Justicia, por su parte, no está de acuerdo. Asegura que si alguien cometió un error fueron las juezas que tuvieron a la joven ante sí y que -pudiendo haberlo hecho- no tomaron decisiones que tuvieran el efecto de protegerla. Que no es necesaria la presencia de fiscales para encontrar causa o emitir una orden de protección. Y así continúa ese toma y dame que, en esta etapa del juego es poco productivo. Ahora, a posteriori, después que el remedio no fue concedido y Andrea murió, la paternidad de la culpa sigue en el limbo. Pero esa falta de poder precisar la responsabilidad en este caso deja claro que la culpa es a todas luces compartida y, en definitiva, recae en el Estado. Ese que es representado por las partes que se sortean la responsabilidad. Es, precisamente ese Estado, el llamado a identificar las fallas en un proceso en el que las partes tienen fama de intocables. Cargadas de argumentos y faltas de humildad para la autocrítica. Soberbias y, como consecuencia, incapaces de un necesario acto de contricción. De reconocer que la incapacidad de reconocer la culpa nos dejará encaminado en una ruta de colisión con los errores ya cometidos. Se cometió un error, ha sido la respuesta de las partes. Solo que, queridos señores, el cometido no es de esos que ocurren cuando se compra una tachuela en lugar de un clavo. Este cobró una vida. A ver si nos vamos dando cuenta que con la culpa, el principal remedio es reconocerla.