Durante el pasado cuatrienio, la Universidad de Puerto Rico fue blanco directo de la Junta de Control Fiscal, que mutiló su presupuesto, quitó derechos a los estudiantes y estableció una agenda con la Junta de Gobierno como cómplice para destruir el sistema de retiro de la universidad, congelar plazas, reducir ofrecimientos académicos y mantener profesores con contratos en precario, provocando y recrudeciendo problemas presupuestarios, de enseñanza y de vida universitaria.
El ensañamiento de la Junta contra la Universidad continúa. En su más reciente comunicación exigen más recortes, reducir las aportaciones del Gobierno, aumentar la matrícula a los estudiantes graduados, objetan las exenciones de matrícula de los estudiantes, exigen reducir empleados, reducir la aportación patronal al plan médico de los empleados docentes y no docentes, y reducir derechos adquiridos en los convenios colectivos en el plan fiscal presentado por la administración de la UPR.
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Por otro lado, la comunidad universitaria ha condenado el plan fiscal aprobado por el presidente y la Junta de Gobierno, que incluye un alza en la matrícula sin tomar en consideración el aumento de servicios y cuotas, así como la eliminación de exención de matrícula o becas a estudiantes distinguidos, atletas y estudiantes de honor. Expresan los universitarios que los recortes continúan afectando una vez más en la reducción de jornales de estudiantes, reducción de secciones y electivas en la oferta académica.
La Junta también busca la destrucción del sistema de retiro de la UPR, convirtiéndolo en un sistema de 401k y desapareciendo el modelo de beneficios definidos administrado de forma exitosa por los propios universitarios y cuyos problemas emanan del incumplimiento de la administración con el plan de retiro.
Estas terribles acciones han provocado una reducción en la matrícula, que en el 2016 era de 59,924 estudiantes y, actualmente, en el 2021, es de 45,333; la más baja en décadas.
Tenemos la obligación de continuar luchando y defendiendo nuestra Universidad, de combatir las propuestas de la Junta y democratizar la administración universitaria, de crear una verdadera autonomía universitaria y mantener los 11 recintos para que continúen sirviendo a todo el país y para que continúen generando conocimiento y contribuyendo en el proceso de construir una Patria Nueva.
