El pasado sábado volvimos a vivir una de esas escenas recurrentes. Personal de la División de Investigación del Departamento de Salud se infiltró en una fiesta clandestina en la costa de Aguada. En el interior, decenas de personas que se disponían a participar de un evento de música electrónica. Allí había de todo.
Enfermeros, estudiantes de medicina y empleados de fábricas locales. ¿En común? Violaban la orden ejecutiva contra el COVID-19. Entre ellos además había turistas que, según el director de esa división, Jesús Hernández, se habían comprometido a cumplir con la cuarentena que imponen la Orden Ejecutiva y que es “obligatoria” para quienes llegan al país sin la prueba molecular negativa requerida. Hasta el DJ del evento, que llegó de Alemania y que se comprometió a cumplir con una cuarentena, estaba allí de lo más campechano.
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Todo lo anterior nos permitió reconfirmar lo evidente: esa cuarentena obligatoria, de obligatorio tiene solo el nombre. Y eso no es novedad. El protocolo local para intentar controlar los contagios con el COVID tiene –como en todas partes- aciertos y desaciertos. En el primero de los renglones, seguro muchos más que las diversas jurisdicciones en los Estados Unidos que sigue siendo el país con mayor número de contagios del mundo. Sin embargo, en el renglón de lo segundo, los controles sobre visitantes que arriban sin una prueba molecular es una de las “áreas de oportunidad”. Y el sector turístico lo sabe. Seguro también los funcionarios de gobierno de agencias vinculadas al control de la pandemia. Prácticamente ninguno de los visitantes que llegan sin la prueba requerida se queda en cuarentena, encerrado en su habitación de hotel, esperando de manera pasiva a que terminen sus días de estadía que, de ordinario, no supera la semana. Por ello los portavoces de la Alianza Turística le han pedido al gobernador que reevalúe ese protocolo que es abiertamente incumplible. En su defecto, sugieren seguir el ejemplo de otra jurisdicción bajo bandera estadounidense: Islas Vírgenes.
Según ha explicado Daphne Barbeito, una de las portavoces de la Alianza, desde enero el Gobierno de Islas Vírgenes está exigiendo a los viajeros y locales que para poder entrar a esa jurisdicción (incluso si se es residente bonafide) realizarse una prueba molecular y que esta arroje resultado negativo con no más de 72 horas de la entrada al país. Una vez realizada la prueba, se somete a través del portal usvitravelportal.com antes del viaje. Una vez procesada la solicitud de entrada y autorizado el viajero, entonces puede entrar a ese territorio estadounidense. Nada de cuarentenas voluntarias ni aplicaciones de monitoreo. O prueba negativa o no entras. A pesar de este ejemplo bajo bandera de EEUU el gobierno ha insistido en que “ninguna jurisdicción estadounidense ha restringido la entrada a viajeros sin prueba” pero el caso de Islas Vírgenes demuestra lo contrario.
¿Por qué ese territorio puede y el nuestro no? ¿Han hecho las autoridades locales la consulta? ¿Se han buscado opciones para obligar a los viajeros? Evidentemente, hasta ahora esta opción no ha sido auscultada. O por lo menos así se desprende de las respuestas del Gobernador y otros jefes de agencia. Pero, ¿Qué esperamos? Si bien la estrategia local ha tenido muchos y muy buenos aciertos, identificar las fallas y tratar de corregirlas no es otra cosa sino lo responsable e inteligente en medio del actual repunte de casos. Después de todo, con la publicidad del DMO para promover las visitas a la isla, los altos números de llegadas en marzo y el anticipo de que abril romperá records dentro de la pandemia, resulta necesario reforzar las medidas para proteger a la población no solo de contagios comunitarios locales sino de contagios importados que promuevan nuevas variantes que nos alejen de nuestra meta de alcanzar la inmunidad colectiva a finales de este verano. La vieja excusa de “no lo hago porque nadie lo ha hecho” no debe tener cabida en momentos en los que hacer las cosas de manera distinta es la nueva normalidad.
