Los Populares hemos sido testigos pasivos de reuniones como la que hoy celebra la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD). Cada cierto tiempo, hay que salir corriendo a Puerta de Tierra para “definir” las aspiraciones del PPD sobre el Estado Libre Asociado (ELA), y la reacción a los dramas procesales en el Congreso, o en el Capitolio. Igual que hoy.
La Junta de Gobierno del PPD ha enfrentado el mismo dilema hace décadas. Un sector del PPD cree que el status no se debe tocar ni con una vara larga. Otro sector aspira a reformas al ELA, dentro de los poderes que el Congreso tal vez nos pueda reconocer sin alterar nuestra realidad como su posesión territorial. Otro sector – al que pertenezco – aspira a desarrollar un pacto de asociación política, que no esté sujeto a la voluntad soberana del Congreso.
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Hoy, algunos líderes populares reniegan del proyecto de ley presentado por las congresistas puertorriqueñas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, y los senadores Bob Menéndez, Bernie Sanders, entre muchos otros. Dicen que dicho proyecto “saca al ELA” como alternativa a considerar en una asamblea de status. Todo porque el proyecto en su lenguaje actual busca que una futura asamblea de status delimite los contornos de opciones que no estén sujetas a los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial.
El “ELA como está” – sometido a los caprichos buenos o malos del Congreso – no es una aspiración política legítima para el pueblo de Puerto Rico. La nostalgia no crea futuro.
Como algunos parecen olvidar, el Congreso de EE. UU. aprobó PROMESA en 2016. Luis Muñoz Marín, sin querer queriendo, lo anticipó en 1950. Durante una vista en el Congreso sobre el proceso para crear la Constitución del ELA, Muñoz Marín les dijo a los congresistas que, si los puertorriqueños nos volvíamos locos, ellos podrían volver a legislar para intervenir con nuestros asuntos internos. Dicho y hecho: nuestros gobiernos se volvieron locos tomando más de $70 mil millones en deuda pública. Y sí, el Congreso intervino pues tenía el poder para hacerlo. Esa es la ley PROMESA.
Desde 2016, los legisladores electos por el pueblo bajo la Constitución de 1952 ni siquiera pueden decidir el presupuesto del gobierno, el poder más importante de toda legislatura. Ese es el “ELA como está”: el ELA de PROMESA y la Junta de Control Fiscal.
El “ELA como está” no tiene amigos en Washington D.C. (tampoco los tienen la independencia o la libre asociación, por cierto). La negligente desaparición del PPD de los círculos de la Capital federal – hace demasiados años – creó un espacio libre para que el Partido Nuevo Progresista (PNP) cultivara champions de la estadidad, y hasta los convencieran de que la “estadidad es un asunto de derechos civiles” (lo que es irónico, conociendo las posturas de derecha de esos mismos líderes estadistas). Tanto es así, que existe una correlación entre la ausencia del PPD en Washington, y el hecho de que, durante tres décadas, los Populares apenas hemos podido elegir al comisionado residente en una sola ocasión.
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En la Capital federal, el tema del status de Puerto Rico es un debate sobre statehood. Nadie habla sobre otras opciones.
El proyecto sometido por las congresistas Velázquez, Ocasio Cortez y otros nos ofrece una oportunidad a los Populares de retomar la discusión sobre las posibilidades de desarrollo – no colonial, no territorial – del ELA. Urge convertir el debate sobre statehood en un debate sobre opciones para ejercer nuestro derecho a la libre determinación.
Rechazar este esfuerzo legislativo tendrá un costo político irreversible para el PPD. Populares, apoyemos el proyecto de Nydia Velázquez, la aliada más importante que tiene Puerto Rico en el Congreso.
