Esta semana se ha estado discutiendo intensamente el PS 184 que busca prohibir las llamadas terapias de conversión a manos de profesionales de la salud. Más allá de la batalla sin cuartel que genera el tema, lo principal aquí es no permitir que se diluya lo que debe ser la discusión de fondo, que al fin y al cabo es si este tipo de acciones resultan o no en el bienestar de los seres humanos que son sometidos a las mismas.
Ese tiene que ser el planteamiento de una sociedad que cree en la libertad del ser humano. Es conocido que tengo creencias religiosas sólidas construidas en un hogar cristiano como muchos en nuestra Isla.
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También es cierto que esas mismas creencias me han enseñado a amar al prójimo y a respetar a todo ser humano, lo que es claramente compatible con las enseñanzas que aprendí en la Iglesia de Dios Roca de Salvación en Vega Alta. Hoy, electo como legislador de todo Puerto Rico, y con un cúmulo de experiencias que me han enseñado mucho, estoy muy claro de lo que debo hacer en torno a la propuesta para prohibir las terapias de conversión.
Apoyar la medida. Ese apoyo va dirigido a proteger la dignidad de los hijos, hermanas, amigas o vecinos a quienes se les pueda someter a estas prácticas. Ese mismo apoyo reconoce y respeta el derecho de todos los padres y madres, entre los que me incluyo, de educar a sus hijos e hijas con los valores de su hogar, siempre y cuando las acciones para ejercer ese derecho no representen heridas físicas y/o psicológicas que afectan su dignidad y con las que cargaran el resto de sus días. Nadie tiene derecho a imponer sus valores a ninguna familia en Puerto Rico, muchos menos el gobierno, siempre y cuando nadie use ese sagrado derecho familiar para lastimar, mancillar y marcar de forma trágica la vida de ese ser humano. Asegurarnos de esto es la responsabilidad histórica de mi Partido Popular. Este es el deber histórico de nuestra sociedad.
