Durante años, diversos sectores de la sociedad habían expresado que en Puerto Rico existía un “gigantismo gubernamental”, que había un exceso de empleados públicos, que el gobierno era un patrono demasiado grande. Además, se utilizaba este mito para justificar la privatización de servicios, agencias y corporaciones públicas. Contrario a ello, otros planteábamos que esas expresiones eran realmente un mito y que Puerto Rico necesitaba su plantilla de empleados, necesaria para brindar servicios al país y cumplir con las políticas públicas establecidas por ley.
Este mito provocó acciones y legislaciones terribles para el empleo público y la prestación de servicios. Se aprobaron presupuestos y leyes congelando puestos en el gobierno, se aprobó la nefasta Ley 7 que despidió a miles de empleados públicos, se mutilaron las leyes de retiro provocando la salida prematura de empleados y ante unos nuevos sistemas de retiro que quitaban derechos, fue también motivo para que muchos salieran del empleo público a través de los “retiros incentivados”. Se aprobó también, la Ley 66 que paralizó los convenios colectivos, los beneficios adquiridos y detuvo cualquier aumento de sueldo dispuesto por ley o a base del principio del mérito.
PUBLICIDAD
Esta descomunal pérdida de empleados públicos, tuvo y sigue teniendo graves consecuencias en los servicios gubernamentales, provocando que problemas y crisis importantes no se atendieran cabalmente, como las miles querellas de maltratos de menores sin atender ante la falta de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia y la falta de vigilantes en el Departamento de
Recursos Naturales. Son constantes también, los señalamientos de los jefes de agencias de que no tienen empleados suficientes, que existen miles de plazas vacantes y “puestos congelados”.
Ante este cuadro, al Gobierno no le ha quedado otro remedio que reconocer esta realidad, incluso expresar en vistas públicas que leyes como la 7 y la 66 son las principales causantes de este problema y que se necesita reclutar empleados. Además, al no hacerlo y continuar la salida o retiro de empleados, se genera un trastoque en los procesos y el conocimiento pericial en diversos asuntos gubernamentales. Esta realidad hay que atenderla con premura y urgencia.
