Si la cosa madura como pinta, el próximo 10 de marzo un número aún indeterminado de escuelas podrá recibir de vuelta a sus alumnos en clases presenciales. Aunque se trata de un asunto que genera pasiones –las razones son evidentes- en lo personal, me parece que aspirar a un regreso en esta etapa, aunque sea por pocas semanas, no es solo deseable sino conveniente. Después de todo, en el mundo de la educación privada y el sistema Montessori existen constatables experiencias de éxito en el regreso presencial que en múltiples comunidades escolares ha supuesto un regreso a las aulas desde hace meses, para etapas de educación primaria. Si esos sistemas han podido retomar el modelo presencial con éxito, ¿Por qué no podría el sistema público aspirar a lograr lo mismo? Después de todo, el COVID-19 nos ha acompañado durante un año y según todo pronóstico continuará aquí, respirándonos en la nuca, por lo menos hasta principios del próximo año.
Evidentemente, para que el sistema público logre un regreso en condiciones, múltiples factores deben estar presentes. Primero, transparencia en los planes. El país y las comunidades escolares no solo deben saber que existe un plan, sino también deben conocer cuál es su contenido y deben formar parte de la discusión. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta de manera seria la evidencia científica. Municipio que no tenga una adecuada tasa de positividad, municipio que no debe retomar las clases. Y eso lo ha dejado clarísimo el Departamento de Salud en voz de figuras como la epidemióloga Fabiola Cruz o la demógrafa Wilmarie de Jesús. Estoy seguro que con buenas dosis de compromiso, trabajo duro y comunicación efectiva el personal del Departamento de Educación puede lograr lo que ya los sistemas que antes mencione han conseguido. Pero aunque la discusión pública se ha centrado exclusivamente en cuándo y donde se producirá el regreso a las clases presenciales, me parece que ese es el menor de los problemas que ha heredado la designada secretaria de Educación, Elba Aponte. La lista de asuntos pendientes que hereda la funcionaria es abrumadora de solo repasarla.
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En lo inmediato, los estragos de más de una año de una educación cuya efectividad ha sido ampliamente cuestionada. Primero por la novedad, luego por la falta de computadoras y más tarde por el convencimiento de que el modelo “en línea” no funciona para todo o para todos, resulta evidente que la amenaza de los estragos que pueden ocasionar a largo plazo los rezagos en el proceso educativo va a requerir de un plan para evitar generaciones de “analfabetas funcionales”. Ese plan aún es incierto.
Pero la herencia que le ha tocado a la designada va aun más allá. El lunes, al visitar junto a la funcionaria algunas escuelas que se preparan para regresar a clases presenciales, fui testigo de cuanto las inacciones del pasado tornan en aun más pesada la carga de la funcionaria. Como ejemplo, la escuela Roberto Clemente en Carolina. Allí, además de la necesidad conseguir la certificación del Departamento de Salud, a la entrada los visitantes se topan con una cancha que fue “bajo techo” hasta el paso del huracán María. Hoy, clausurada con cintas cuatro años después, sigue sin ser reparada. Y como esa, decenas de planteles no han recibido las mejoras requeridas cuatro años después de aquella catástrofe. ¿Cómo se explica eso? Esa misma escuela es también un plantel de “columna corta”. Y entonces, cuando lo piensas, te preguntas ¿Qué pasó con las inspecciones que los ingenieros realizaron a los planteles en todo el país? ¿Por qué a más de un año de los terremotos no se ha movido un dedo para trabajar con las dichosas columnas? ¿Qué sucede que en el Sur no se conoce de plan alguno para reparar las escuelas afectadas? ¿No que el exsecretario Eligio Hernández había dejado un plan? Aponte hereda además la incertidumbre de los cientos de millones de dólares en fondos federales congelados por las irregularidades atribuidas a Julia Keleher. La misma que se le vendió al país como la salvación que llegaba del Norte y que solo consiguió regresar a Educación a una nueva sindicatura que nos costará millones en momentos de estrechez. ¿Qué podría hacer el país si en lugar de pagar más de $100 millones a una firma privada que garantice el buen uso de fondos, tuviera ese dinero para atender las necesidades del sistema? Después de casi 3 años, el acuerdo con el “sindico” no se concretó hasta estos días, lo que deja a la designada sin liquidez para atender los problemas del sistema. En fin, que mucho del caos acumulado que vive Educación es responsabilidad de figuras que hoy permanecen fuera del ojo público sin la necesidad de dar explicaciones. A Aponte me resta desearle éxito. El no tenerlo será sinónimo de una crisis inédita en esa agencia. Y eso no son buenas noticias.
