Existe un sector fundamentalista que es muy peligroso para nuestras libertades y para la sociedad en general. Las propuestas de esa derecha fundamentalista incluyen el rechazo a los derechos sexuales y ataques a los derechos reproductivos como la limitación del derecho al aborto. Ese sector -que insistía en enmendar el Código Civil para incorporar prejuicios superados socialmente- logró el cuatrienio pasado que la legislatura engavetara un proyecto que prohibiría el maltrato de las mal llamadas terapias de conversión. Además, bloquea constantemente la educación con perspectiva de género y rechaza las reivindicaciones de las comunidades LGBTTIQA+ en defensa de los derechos humanos. Este sector atenúa la separación formal entre Iglesia y Estado e insiste en influir cada vez más en la toma de decisiones sobre el desarrollo de políticas públicas.
La violencia de género cuyas manifestaciones más terribles incluyen agresiones graves y asesinatos es una de las consecuencias directas de la falta de aceptación, educación, inclusión y amor al prójimo que con tanta vehemencia proclama ese sector. Por eso, en respuesta al llamado de las Naciones Unidas para prohibir mundialmente el maltrato, las angustias y los daños que provocan las infames “terapias de conversión”, senadores y senadoras del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista Puertorriqueño, junto al senador independiente, presentaron el Proyecto de Ley 184 para prohibirlas de una buena vez en Puerto Rico. Las terapias de conversión constituyen uno de los peores maltratos a los cuales puede someterse a una persona. Nada tiene de terapéutico humillar, maltratar y ofender la dignidad de personas, mucho menos de menores de edad, para prohibir que vivan su vida plenamente sin hostigamiento y sin arriesgarla por el hecho de existir, de ser.
Quienes valoramos y defendemos los derechos humanos tenemos la obligación de defender las propuestas que valoren y garanticen el ejercicio de los derechos humanos. La inviolabilidad de la dignidad del ser humano es el principio rector. También tenemos la obligación de denunciar y combatir los ataques impulsados por los enemigos de la democracia, predicadores del prejuicio y del retroceso social.
