Por motivo de la deuda en que incurrieron los gobiernos PNP y PPD, y la falta de voluntad para auditarla de manera integral y ciudadana, llevamos sufriendo recortes a nuestros salarios, beneficios, derechos y libertades cada vez más severos. Una Junta no electa, cuyos salarios y beneficios exceden los de cualquier trabajadora, quiere continuar exprimiendo a la clase trabajadora para satisfacer una deuda ilegal. Alrededor del 74% de la deuda se ha objetado o cuestionado ante la corte. Si antes del azote del Huracán María, los terremotos y la pandemia era necesaria la auditoría, ahora, ante el cambio dramático en nuestras circunstancias, procede su cancelación.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero, declaró que dicha entidad y el Gobernador apoyarían un proyecto de cero recortes a las pensiones. Esto sería tema para celebrar, sin embargo, no apoya el Proyecto de la Cámara 120 que pretende hacer precisamente eso. Ya el pueblo está cansado de que quienes gobiernen no se atrevan a enfrentar los ataques que atentan contra el disfrute de una vida digna.
Aunque no nos sorprende la falta de voluntad del PNP para actuar a favor del pueblo y de defender a la mayoría de nuestra gente, es decir, a la clase trabajadora, lo que sí ofende es que intenten hacernos creer que a las empleadas les conviene un plan de retiro de beneficios indefinidos. Lo que necesitan las empleadas es un plan de retiro de beneficios definidos, que es el único que permite a la trabajadora conocer de antemano lo que recibirá al retirarse. De hecho, no podemos ignorar que Marrero nombró como “píldoras venenosas” disposiciones del Proyecto 120 que pretenden garantizar más participación democrática a las trabajadoras. En otras palabras, Marrero alega estar en contra de los recortes a las pensiones, pero nada hace para asegurarlas. Esto es lo mismo que nada.
El Proyecto 120 debe ser aprobado, además, porque propone un plan de ajuste que le da prioridad al uso de los fondos pero con ahorros gubernamentales. También, propone identificar los servicios esenciales, una disposición de la Ley PROMESA que la Junta se ha negado a acatar. Nuestro pueblo exige y merece salir de la precariedad y la austeridad. ¡Cero recortes!
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