Opinión de Julio Rivera Saniel: ¿Analfabetas funcionales?

Durante las pasadas semanas, la discusión local se ha concentrado en determinar si regresar a clases presenciales es o no el paso adecuado en esta etapa del juego. Sobre ello existen posiciones diversas. Pero aunque esa posibilidad debe ser discutida a profundidad, en lo personal me preocupa mucho más el “cómo” que el “cuándo”. Ese cuando supera el tema de los protocolos de salud para evitar los contagios y se centra particularmente en cuál -si alguno- es el plan del Estado para atender un hecho evidente y estudiado desde aquí hasta la China: la crisis por el COVID-19 y la inevitable lejanía del salón de clases ha provocado rezagos que resulta imposible negar si se quiere tener una discusión seria.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, lo ha dicho alto y claro durante meses. De no atenderse estos rezagos de manera adecuada y, sobre todo, urgente, estaríamos ante una verdadera catástrofe. Así, aunque suene exagerado. “Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”, dijo el pasado agosto. Y lo dijo al enfrentarse a números que resultan dramáticos cuando se evalúa el impacto global de la pandemia. Según la ONU, a nivel global unos 1,600 millones de estudiantes de todas las edades se han visto afectados de manera adversa por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. De ese total, se pronosticaba en 2020 que unos 24 millones de alumnos desde grados primarios hasta universitarios podrían abandonar sus estudios. Si ese pronóstico que anticipa enormes rezagos educativos y deserción escolar es bueno para el resto del mundo, ¿por qué debemos pensar que Puerto Rico será la excepción? Ante ese cuadro, los organismos gubernamentales globales han pedido a los gobiernos locales acciones rápidas y específicas para frenar estos augurios. Y no. No se trata solo de regresar a las aulas con premura. Lo que se pide tiene mucho más que ver con lo que se hará una vez en los salones de clases. Para empezar, un análisis de competencias para conocer qué se ha aprendido y qué no durante el pasado año. No es secreto que la educación “online” ha evidenciado enormes deficiencias. Durante este pasado año, tras conversar con jóvenes graduados de cuarto año de escuela superior de los sistemas privado y público, la inseguridad sobre lo (no) aprendido fue la norma. En esencia, un joven tras otro me afirmaba no estar seguro de haber aprendido lo suficiente o, en definitiva, estaba convencido que abandonaba su etapa de escuela superior con enormes lagunas que les hacían temer un posible fracaso en su etapa de educación superior. Si esa conclusión que nos llega desde el ámbito de la anécdota resulta cierto, ¿qué exactamente hará nuestro Gobierno local para remediar esos rezagos que se intuyen enormes para evitar lo que la expresidenta de la Asociación de MAestros, Aida Díaz, describió hace unos meses como la amenaza de toda una generación de “analfabetas funcionales”?
En medio de ese escenario que ya se pinta trágico, la ONU ha advertido que los rezagos en la brecha tecnológica han tenido el efecto de ampliar las diferencias de clase y, como consecuencia, ha resultado más evidente que nunca que tener lo más cercano a una educación de calidad es directamente proporcional al dinero disponible para pagarla. Ante ese escenario, la ONU ha hecho varias recomendaciones específicas a los gobiernos del mundo.
La primera, procurar una reapertura de las clases presenciales tan pronto las condiciones salubristas lo permitan. En segundo lugar, se ha aconsejado que los gobiernos den especial prioridad a la educación en las partidas presupuestarias, estimando el costo de los planes para atender los rezagos y asignando el dinero necesario para atenderlo de manera adecuada, sin parchos. En tercer lugar, se recomienda que se reconozcan los rezagos en grupos específicos de la población con mayor riesgo de quedarse atrás, como grupos minoritarios, personas con discapacidades o desplazados. Para muestra, las cientos de familias afectadas por los terremotos del sur. Por último, que se realice una importante inversión en infraestructura tecnológica. 
“Ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la educación —el gran igualador— más que nunca. Debemos tomar medidas audaces ahora, a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro” ha advertido con claridad el líder de la ONU. Su pedido no parece descabellado. Pretende evitar efectos nocivos a largo plazo. Ahora toca que el Gobierno local reconozca la gravedad del problema y asigne los recursos necesarios, aun cuando hacerlo no esté en el marco de prioridades de la Junta de Control Fiscal designada por el Congreso de los Estados Unidos. En esta encomienda, quizá más que en muchas otras, se nos va la vida.