El mensaje más contundente del pueblo en las pasadas elecciones fue, sin lugar a dudas, que la hegemonía de los partidos principales ha cedido ante la inclusión y participación de otros sectores fuera del bipartidismo. Ello, sumado a un sistema político que permite la imposición de una Junta de Control Fiscal y sus políticas de austeridad, se tradujo en la elección más diversa de partidos y candidatos en nuestra historia política reciente.
Es por tal razón, que la determinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de expulsar al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y al Proyecto Dignidad (PD) de la agencia, no solo desenmascara las acciones más salvajes por preservar el bipartidismo rechazado en las elecciones, sino que, precisamente, es contraria a la voluntad de electorado. Es inconcebible que haya cinco partidos representados en la Asamblea Legislativa pero solo dos en la CEE.
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Ante esta realidad radiqué el Proyecto de la Cámara 114 para enmendar la ley electoral actual para que quede meridianamente claro en la ley que el PIP, MVC y PD tengan representación a la CEE y de esa forma existía un verdadero y real balance político en dicha entidad. Si bien es cierto que con una interpretación justa de la ley actual no los tres partidos tenemos derecho de estar representados a la CEE, con este proyecto se subsana la injusta decisión del presidente.
A principios de esta semana el vicepresidente de la Cámara de Representantes y presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales y Electorales José Varela, en unión a este servidor como Portavoz del PIP, el representante José B. Márquez (MVC) y la representante Lisie Burgos (PD) -coautores del proyecto 114- anunciamos en conferencia de prensa el inicio de la discusión para atender reformas al sistema electoral, causante principal de las múltiples irregularidades en el pasado proceso electoral. Además, se reafirmó el compromiso de atender con premura este proyecto para que esta nueva Asamblea Legislativa con su aprobación, ratifique la voluntad del electorado. Esta voluntad debe prevalecer, sobre la mal llamada reforma electoral que impuso la pasada administración a menos de cuatro meses del día de las elecciones.
