El Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Control Fiscal publicó esta semana un “Análisis Estadístico” sobre el servicio público en Puerto Rico para el año 2019. Aunque, según el informe, algunas agencias del gobierno no respondieron a los pedidos de información y otras presentaron información poco confiable, el Análisis correctamente concluyó que hace falta mejorar el servicio público para nuestro pueblo. No obstante, el análisis no se hizo con el fin de mejorar los servicios esenciales a los que tiene derecho el pueblo, sino partiendo de la premisa equivocada de que los servicios públicos deben operar como negocios privados, sin tomar en cuenta que de la gestión gubernamental dependen la salud y la vida de cientos de miles de personas.
El análisis sobre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía no se puede basar sólo en un ejercicio de cuadrar caja o de generar ganancias. Por el contrario, tiene que enfocarse en cómo ofrecer más y mejores servicios, protegiendo y ampliando los derechos y las libertades de quienes vivimos en este hermoso archipiélago.
El análisis omite que el estado actual es consecuencia directa de las políticas de ajuste estructural, de la receta neoliberal que impulsaron los gobiernos PNP y PPD. Se despidieron decenas de miles de personas empleadas por el gobierno sin un plan sobre el impacto que tendrían los despidos masivos sobre los servicios públicos y además, se congelaron las plazas, se redujeron derechos y beneficios, se paralizó la negociación colectiva, entre otras medidas. Lejos de lograr los ahorros prometidos, los ataques al servicio público se combinaron con el desvío de fondos a empresas privadas para brindar los mismos servicios a un costo mayor pues su gestión se guía por la acumulación de ganancias privadas. Por tanto, y para que no vuelva a suceder, es muy importante resaltar que las medidas de austeridad que la Junta pretende seguir imponiendo han sido las mismas que causaron la profunda crisis que hoy enfrentamos. Por eso, aceptar los recortes que la Junta impulsa tendrá un efecto devastador sobre la grave situación del país. La conclusión lógica es que en lugar de mejorar, empeorará la situación, evitará la recuperación económica y privará a nuestro pueblo del acceso a servicios públicos adecuados.
