Opinión de Alejandro Figueroa: Buen Gobierno

Lee la columna de opinión del abogado estadista Alejandro Figueroa.

Por Alejandro Figueroa

Ante el inicio del período de nombramientos de los miembros del gabinete de la administración del Gobernador Electo Pedro Pierluisi, repasamos brevemente algunos principios para un buen gobierno. Y es que no es suficiente que las administraciones públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo y de eficacia, sino que un buen gobierno debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por la actuación de la Administración, y afianzar el compromiso con la ciudadanía, mejorando el diálogo y la participación de los grupos de interés.

¿Cómo logramos un buen gobierno público?

  1. Primeramente hay que aumentar las exigencias de transparencia sobre las decisiones públicas. Abrir el gobierno a los ciudadanos y las empresas a través de Internet, un gobierno abierto que no sólo proporcione información económica y presupuestaria y de la gestión pública, sino también de las subvenciones y de la contratación pública, y de verificación de en qué se gastan los recursos públicos.
  1. En segundo lugar, es imperativo que se aplique de manera estricta las leyes que atienden temas de ética en la gestión gubernamental para atajar la corrupción. Estos códigos son compromisos que adquieren voluntariamente los responsables públicos para aplicar comportamientos éticos, pero para que realmente sean efectivos requieren una cultura ética en la ciudadanía que se irá consiguiendo poco a poco a través de una mayor concienciación ciudadana de cero tolerancia a la corrupción.
  1. En tercer lugar, los tiempos (y los resultados electorales) exigen que se escuchen los reclamos sociales de, y se brinde espacio para la participación de, los ciudadanos en la vida política. Las mejores ideas y las mejores soluciones a nuestros principales problemas pueden provenir de nuestra gente. Se trata de contar con la opinión de los ciudadanos para priorizar algunas partidas de gasto, especialmente social, que hoy día es sencillo de implementar haciendo uso de las tecnologías de la información.
  1. En cuarto lugar, es preciso reforzar el control y las sanciones. La labor de control de la gestión de las finanzas públicas debe ser interna, llevada a cabo por la propia administración, via las agencias de rigor – Oficina de Gerencia y Presupuesto, AAFAF, entre otras. Igualmente urge reforzar la fiscalización con recursos fiscales y humanos, modificando los procedimientos para conseguir una acción rápida en la detección y castigo de la corrupción.
  1. Por último, la rendición de cuentas (accountability) que, desde la independencia, objetividad y transparencia, debe ir encaminada hacia la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones reflejadas en el programa de gobierno. Los ciudadanos ya no quieren saber sólo en qué gastan las administraciones los recursos que les ceden pagando los impuestos, sino que también quieren saber qué resultados se obtienen con dicho gasto. La evaluación de las políticas públicas es además un instrumento de mejora de la gestión y de la toma de decisiones, ya que promueve un uso más racional de los recursos y facilita posibles correcciones de políticas una vez evaluados sus resultados.

La crisis que ha vivido nuestra Isla nos obliga a poner en práctica estos principios de buen gobierno de forma urgente. Recordando además que las ideas y buenos principios para luchar contra la corrupción nunca serán eficaces si no llevamos a cabo un necesario cambio cultural en cuanto a a la tolerancia de la corrupción y si no se dota de los medios y recursos suficientes a las instituciones de control y detección de delitos.

 

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