Pertenezco a una familia de clase trabajadora “media”, la cual sabemos que es baja, pero aún no queremos aceptarlo. Estudié en escuela privada, porque en mi familia todos aportaban dinero mensualmente para que mi preparación académica fuese buena. En casa los gastos se dividían para poder echar “pa’ lante”. Además vengo de una familia de docentes, que viven cada día las consecuencias de la mala administración de fondos en el Departamento de Educación. Estrangulan las oportunidades de sus estudiantes de recibir la educación que merecen al no proveer materiales, salario digno y un espacio laboral de respeto. ¿Cómo queremos mejorar nuestro país si tratamos con tanta bajeza a los pilares de nuestra sociedad?
La desconsideración hacia el magisterio no es el único problema. Con la pandemia vivimos un momento histórico que está lacerando como nunca antes a nuestras comunidades escolares. Antes era difícil conseguir materiales y brindar las ayudas necesarias al estudiantado. Imagínese ahora. Los niños del Programa de Educación Especial no reciben servicios complementarios con la frecuencia necesaria, porque no hay personal suficiente. No vemos del Departamento de Educación un programa estratégico y viable para proveer educación a distancia equitativa. Hay miles de familias sin conexión estable de internet y otras que ni siquiera tienen acceso, ya sea por falta de cobertura, o porque no pueden costearlo.
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Hay que exigir un plan coordinado al próximo gobierno y fiscalizar al Departamento de Educación. Ha fallado en su deber de crear programas educativos para todas las personas. No ha provisto guías para que los maestros impartan clases a distancia. Es inaceptable que todavía no tenga un plan de contingencia para cumplir su misión en estos tiempos de crisis.
Se violentan los derechos de los estudiantes desde los grados primarios, y hasta el nivel superior en la Universidad de Puerto Rico, a la que la mayoría de quienes vienen de escuela pública ni siquiera pueden aspirar.
Como estudiante de la UPR, he vivido cómo un semestre con 12 créditos ha resultado más costoso que un semestre de 17 créditos en años anteriores. Veo compañeros balanceándose entre uno o dos trabajos para seguir estudiando, mientras su salud mental va en detrimento. Lo cual me lleva a otro punto. ¿Cómo es posible que el gobierno esperara a que nuestros estudiantes pasaran por más de dos eventos impactantes para reclutar psicólogos escolares?
Puerto Rico no tiene hoy la educación gratuita y accesible que garantiza la Constitución. ¿Tener que ir a un“fast food” para tener internet y entrar a las clases es educación accesible? ¿Dejar de comprar comida para ahorrar para una computadora es tener acceso a educación? Hay recursos, hay propuestas. Falta voluntad del gobierno para ofrecer una educación decente.
Como ciudadana tengo una responsabilidad de fiscalizar a quienes confiamos dirigir el país, para administrar nuestros bienes y recibir servicios dignos. Por eso me uní a Hijos de Borinquen. Nos toca continuar la gesta que empezamos en el verano del 2019. Nos toca entender que votar cada 4 años no es nuestra única responsabilidad. Exigir lo mejor para la niñez y juventud puertorriqueña es un trabajo de todos los días.
