En marzo de 2012 el Departamento del Tesoro Federal llegó a un acuerdo con el gobierno del Estado Libre Asociado en el que el Servicio de Rentas Internas (IRS) acredita el 100% del arbitrio de 4% que pagan en la Isla las matrices de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) por las ventas de sus subsidiarias.
Ese acuerdo se convirtió rápidamente en una fuente de ingresos de vital importancia para el erario público de la Isla pues le deja al gobierno cerca de $1,800 millones anuales. En un fondo general de cerca de 10 mil millones (en este año fiscal), esa partida representa alrededor del 20%. Para que lo vean más claro el fondo general paga cerca de 2,200 millones en pensiones, al terminar la subvención federal deberá pagar cerca de 1,800 millones para el plan VITAL, si la Junta de Supervisión Fiscal permanece en la misma postura nos toca pagar 1,500 millones anuales para deuda y unos $3 mil millones para nomina gubernamental. Eso significa que sin los recursos que produce el impuesto a las foráneas solo quedarían unos $1,500 millones para operar el gobierno.
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En otras palabras, si el gobierno tuvieran 100 dólares en sus arcas, sin el crédito federal tendría solo 80 dólares para pagar pensiones, plan de salud, deuda pública, nomina gubernamental y operar el gobierno para proveer servicios esenciales. He ahí el peligro de esta posibilidad. En septiembre de 2019 el Tesoro Federal solicitó al gobierno de Puerto Rico un plan que permita iniciar la eliminación progresiva del crédito federal. Esta semana se rumoró que el día había llegado pero al parecer todavía queda algún tiempo.
La pregunta un año después es: ¿Existe plan?. Si existe, ¿A quien lo presentaron?, ¿cuando van a explicar los detalles del mismo?, ¿cuando van a explicarle a los pensionados el riesgo que esto representa?, ¿cuando explicarán a los beneficiarios de VITAL sobre las posibles consecuencias?. Si el plan aún no existe, estamos ante uno de los actos más irresponsables de esta administración.
