El pasado 15 de marzo la gobernadora Wanda Vázquez ordenó un cierre total en Puerto Rico a causa de la llegada del coronavirus. Por los próximos seis meses el país estuvo encerrado a tiempo completo o parcial como medida para evitar que la pandemia se saliera de control en la Isla e hiciera colapsar nuestro sistema de salud. Hasta ahí, me parece que la medida fue correcta a pesar de la legítima preocupación sobre el impacto en nuestra economía.
Sin embargo hoy, cuando el calendario marca septiembre, comienza a sonar con insistencia la posibilidad de nuevas medidas de restricción a raíz del aumento en casos de COVID-19. Pero, ¿cuál fue el resultado del encierro anterior más allá de retrasar el impacto del virus en nuestra población? Bueno, quizás la pregunta debe ser otra. ¿Cuál debió ser el resultado del primer lockdown? La más obvia contestación debió ser que el gobierno utilizó el tiempo que nos mantuvo encerrados para prepararse para una futura ola de contagios. No sucedió.
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El gobierno no aprovechó el lockdown para apertrecharnos de pruebas, por el contrario compró pruebas fatulas por más de $40 millones
El gobierno debió usar el tiempo para preparar el Departamento de Educación para un semestre a distancia con equipo e Internet para nuestros niños. No sucedió. Hoy miles no tienen acceso a la educación por falta de equipo y conexión de banda ancha.
Tuvieron el tiempo para hacer pruebas en más de 900 hogares de cuido de ancianos. No lo hicieron y hoy sabemos que hasta la semana pasada se habían registrado 22 brotes en este tipo de institución y 41 muertes.
En vez de utilizar el cierre para preparar una respuesta efectiva en caso de necesitarla, se dedicaron a beneficiar amigos y a hacer las cosas mal. Lo peor no es tener que entrar en otro cierre si la situación lo amerita, lo peor es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Lo peor es que en cuanto a cumplir con su deber; el gobierno sigue en cuarentena.
