Opinión de Denis Márquez Lebrón: 10 años de impunidad

Lea aquí la columna de opinión del representante independentista

Por Denis Márquez Lebrón

El pasado lunes la Cámara celebró una vista pública para atender la nominación de la gobernadora al puesto de Contralor de Puerto Rico. El nominado, Osvaldo Soto García, solo cuenta con un historial laboral en relaciones públicas y funciones políticas, siendo sus últimas dos posiciones las de Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y previamente del Senado.

En dicha vista, el nominado justificó su nombramiento basado en que la constitución, ni la Ley, exigengrado en contabilidad o finanzas y mucho menos ser Contador Público Autorizado (CPA). Incluso, a preguntas mías respondió, que podría fungir como Secretario de Educación o de Salud, porque las leyes de estos departamentos no requieren que sean educadores o médicos -respectivamente- para ocupar dichos puestos.

Sin embargo, el Contralor de Puerto Rico tiene la principal responsabilidad de auditar las agencias, municipios y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Es un nombramiento a 10 años, con el fin de liberar a esta figura de los vaivenes político partidistas cada cuatro años.

La falta de educación y experiencia del nominadoes más que evidente. Todos los deponentes que testificaron después de él -incluyendo el pasado contralor Manuel Díaz Saldaña- así lo confirman.El catedrático por más de 50 años en el Departamento de contabilidad de la UPR, Dr.González Taboada depuso que no se trata de cumplir requisitos mínimos, sino de requisitos máximos para servir en esa posición.Además, la presidenta del Colegio de CPA nos dio una visón de la complejidad del puesto al cualel nominado no cualifica.

Por ello, resultanaltamente cuestionables, pero sobre todo indignantes las razones de la Gobernadora para este nombramiento.A todas luces, la intención de laGobernadoraes asegurar en posiciones claves a sus allegados más cercanos, con el fin de proteger su figura una vez finalice su mandato. Aprobar este nombramiento sería condenar al Pueblo de Puerto Rico a 10 años de impunidad, desmantelando una de las pocas oficinas con capacidad de investigar y señalar la corrupción que arropa nuestro país.

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo