Cada fin de semana tenemos un “Covid-Scandal”. Cuando no es en Cayo Caracoles, es en Boquerón, en los chinchorros, etc. Este fin de semana fue una actividad en una finca de Morovis, en el que, según se alega, más de 100 parroquianos locales y de afuera se reunieron para “educar” sobre el mercado de inversiones y/o intercambio de monedas.
Lo que trascendió en redes sociales fue lo mismo que vimos en otros fines de semana: aglomeración sin mascarillas, violación de la Orden Ejecutiva (OE) de la gobernadora Wanda Vázquez que busca contener el contagio del Covid-19.
Aunque la responsabilidad se ha centrado en los participantes, también hay que comenzar a mirar más lo que entiendo pudo ser la génesis de las violaciones a la OE. ¿Fue igual de responsable el propietario del terreno? Según trascendió, los organizadores del evento habían hecho acercamientos a uno o varios hoteles de San Juan, donde se les indicó que ese tipo de encuentro no estaba permitido por el gobierno ante la pandemia.
¿Qué dice la OE 2020-062 convigencia del 19 de agosto a mañana 11 de septiembre? En la sección sexta detalla los comercios, industrias o sectores autorizados a operar. Estos son: alimentos, salud, gasolineras, instituciones financieras, organizaciones o grupos que provean servicios a poblaciones vulnerables, textiles, lavanderías, centros de inspección vehicular, agricultura ornamental, seguridad, seguridad nacional, cadenas de suministros relacionados a bienes y servicios autorizados en la orden ejecutiva, barberías y salones de belleza, spas y estéticas, comercios de ventas al detal y al por mayor, centros comerciales abiertos y cerrados, dealers de autos, establecimientos de informática, agencias de publicidad, autocines, museos, cuidos, industria fílmica y carwash.
Dificulto que el alquiler de una finca para cualquier tipo de encuentro de decenas o cientos de personas pueda ser acomodado, ni siquiera a marronazo limpio, bajo alguna de esas autorizaciones. En ese aspecto, el dueño de la finca sí pudo haber violado la OE. Decir que entregó un protocolo y que con eso culminó su responsabilidad…no creo. Imagine que la gerencia del Choliseo alquile la facilidad, se zumben un fiestón y luego la gerencia diga “yo no sabía qué iban a hacer allí” o “me engañaron, somos víctimas”. Eso no funciona así.
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El lunes pasado un entrevistado mencionó en NotiUno 630 que el dueño de la finca era donante o colaborador político de campaña política de la alcaldesa popular de Morovis, Carmen Maldonado, lo cual desconozco en este momento. Posterior a eso, en entrevista con Jugando Pelota Dura (Univision PR) Maldonado pareció librar de culpa y tirar un toallazo al dueño de la finca. “Tuve la oportunidad de hablar con él y es una persona bien responsable, un comerciante bien respetado de nuestro pueblo y por lo que pude entender de él, fue un engaño”. ¿Engaño? Pero, ¿la OE permite alquiler para actividades multitudinarias? Creo por ahí debe comenzar la alcaldesa, en nombre de su pueblo, si es que es primero.
Finalmente, la ejecutiva municipal felicitó “a la policía municipal y a la policía estatal porque han trabajado en equipo y se han expedido muchas multas.” Mi pregunta es, si este comerciante moroveño no cumplió con la OE, ¿pedirá contra él el mismo trato? ¿Que le caiga todo el peso de la ley haya sido o no su colaborador político? ¡Esa es la pregunta!