La semana pasada señalé en este espacio que las primarias del bipartidismo se celebrarían bajo circunstancias inusuales y muy reveladoras. También, que el desastre en el manejo del voto adelantado confirmaba que la Comisión Estatal de Elecciones no está ajena a la crisis de legitimidad que arropa a las instituciones del ELA y su modelo agotado.
El fiasco de las primarias bipartidistas confirma que el sistema electoral de Puerto Rico necesita una verdadera reforma democrática. Según trascendió en la prensa, el presidente de la CEE y los comisionados electorales del PPD y del PNP conocían de antemano que las primarias no podían celebrarse de manera adecuada. Pero en lugar de procurar legislación para aplazar su celebración, decidieron continuar en perjuicio del electorado de esos dos partidos y en perjuicio del País, pues el calendario electoral se afecta gravemente.
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Hay tres factores que influyeron en el desastre que hoy enfrenta el País: 1) la CEE sufrió recortes presupuestarios como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal; 2) la CEE ha manejado negligentemente el presupuesto asignado e impuso de inmediato el nuevo código electoral utilizándolo como justificación para despedir personas con la experiencia necesaria para manejar eventos electorales y 3) los retos que presenta el mal manejo de la pandemia de la Covid-19.
Pero esta nueva crisis confirma además que bajo la lógica del bipartidismo todo se le pretende delegar al poder judicial. Es decir, los funcionarios gubernamentales encarnan el cinismo de la frase en inglés “sue me” con todo lo que esto encierra. Cuando se le solicitan información a las agencias del gobierno, cuando se objetan acciones gubernamentales, cuando comunidades levantan sus reclamos, cuando exigen la apertura de los comedores escolares, cuando se exige una reforma policiaca, cuando se reclaman derechos para estudiantes de educación especial, cuando se señalan los abusos en la Administración de Corrección, esa es la respuesta.
De esto hay distintas versiones que van desde el “me vale” de Alejandro García Padilla hasta el “que lo lleven a los foros” pertinentes de Thomas Rivera Schatz. Se usurpan posiciones, se viola deliberadamente la ley y se dejan colapsar los procesos para entonces eludir su responsabilidad y asumir la posición de “que lo resuelvan los tribunales”. Es una mezcla de soberbia y cobardía. Wanda Vázquez sabía que le correspondía a ella sustituir a Ricardo Rosselló pero rehuyó de su responsabilidad. Así, Pedro Pierluisi usurpó el cargo del depuesto gobernador provocando que la sucesión fuera decidida por el Tribunal Supremo. Ante la falta de voluntad, asuntos políticos complejos terminan resolviéndose por la vía judicial. Para ver nuestras propuestas para resolver estos problemas puedes visitar rosasegui.com