El próximo domingo se celebrarán las primarias del bipartidismo bajo circunstancias inusuales y muy reveladoras. Es la primera vez, en 82 años de existencia, que se celebra una primaria a la gobernación en el Partido Popular Democrático. Lejos de ser una muestra de democratización, es otro de los síntomas de la descomposición de esa estructura cuyo proyecto caducó. Por otro lado, la primaria del Partido Nuevo Progresista revela de igual forma la profunda crisis que sufre la palma. Es la primera vez que celebra una primaria contra una incumbente -referida al PFEI- que no ha recibido un solo voto y que ocupa ese puesto porque el País sacó a su predecesor luego de una jornada de intensas movilizaciones. Pero el desastre en el manejo de este proceso confirma también que la Comisión Estatal de Elecciones no está ajena a la crisis de legitimidad que arropa a las instituciones del ELA y su modelo agotado.
Este ejercicio electoral confirma una vez más que nuestro sistema electoral necesita una verdadera reforma democrática que facilite la participación más allá de los partidos que monopolizan la política desde hace décadas. La experiencia del verano de 2019 y la secuela de escándalos de corrupción que parecen nunca acabar, exigen la aprobación de un mecanismo de revocación que permita a los electores remover funcionarios luego de completar la mitad del mandato.
El despliegue de anuncios costosos durante la campaña primarista demuestra que necesitamos también una reforma de financiamiento de las campañas que fomente un verdadero debate de ideas y ofrezca iguales oportunidades a las diversas corrientes y que combata el monopolio del bipartidismo. Ambas reformas, tanto la electoral como la de financiamiento de campañas son necesarias para fortalecer los procesos democráticos y para reducir los gastos excesivos del manejo del proceso electoral.
Por eso, en el Movimiento Victoria Ciudadana proponemos una reforma abarcadora del sistema electoral que incluya representación proporcional, por ejemplo. Es necesario además, cambiar el modelo del financiamiento de las campañas políticas para que reduzca al mínimo la intervención de los fondos privados en el proceso electoral y asigne una cantidad igual de espacio en la prensa y en los medios digitales y televisivos -gestionados públicamente- a los diversos partidos y movimientos para que compitan y se debatan las ideas en igualdad de condiciones.