El martes en la mañana, los medios informaron que el principal abogado personal de la Gobernadora Wanda Vázquez Garced, el licenciado Edgar Vega Pabón, dijo en una entrevista que la gobernadora no puede obstruir la justiciar bajo la disposición de “whistleblower” dado que, según su interpretación acomodaticia, dicha disposición no es de aplicación a una gobernadora con relación a sus jefes de agencia. Esto debe ser una sorpresa para la Legislatura que ha aprobado leyes que penalizan la obstrucción de la justicia y que, tan recientemente como el 4 de enero del 2018, aprobó el Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico.
EL licenciado Vega Pabón esencialmente argumenta que no es posible que la gobernadora obstruya la justicia. El argumento parte de la premisa de que la gobernadora, siendo el oficial de ley de más alto rango de Puerto Rico, tiene la autoridad constitucional para supervisar y controlar el poder ejecutivo, lo que incluye tomar decisiones sobre investigaciones y personal.
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Pero hay que tomar en consideración que la Gobernadora no intentó cerrar o descarrilar un caso cualquiera, sino que trató de que se desistiera de una investigación sobre sus propios actos al despedir a una funcionaria pública luego de esta haber hecho denuncias sobre potencial corrupción en la administración de Vázquez Garced.
Cualquier niño podría explicar que las personas mienten cuando saben que han hecho algo mal. Y en este caso tenemos a una Gobernadora que ha procedido de manera irregular en un intento de descarrilar una investigación en la que a todas luces queda desenmascarada la obstrucción a la justiciar por parte de ésta.
Wanda Vázquez Garced trató de paralizar la investigación en su contra de cinco maneras distintas y cada vez que falló encaminó otro método de obstrucción para descarrilar el esfuerzo del aparato de justicia. Inicialmente, al enterarse de la existencia de las investigaciones y los posibles referidos al PFEI en su contra, Vázquez Garced destituyó a la entonces Secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones.
Al darse cuenta de que esta movida no logró detener los referidos, Vázquez Garced optó por nombrar a una nueva Secretaria de Justicia que solicitó la devolución de los expedientes con miras a paralizar los referidos. Ante la avalancha de críticas la designada Secretaria de Justicia no tuvo alternativa que dar paso a los referidos refrendados por tres fiscales y su predecesora. Habiendo sido referida preliminarmente para investigación y habiendo el PFEI determinado causa para una investigación en su fondo, fue entonces que Vázquez Garced optó por argumentar que uno de los fiscales del PFEI tenía conflicto en un nuevo intento de descarrilar los procesos.
Ante la posibilidad de que su estrategia de descalificar a uno de los miembros del PFEI no resultara efectiva, Vázquez Garced optó entonces por nombrar a un fiscal de su confianza para que interviniera en los procesos. Sin embargo, la Gobernadora no contaba con que las particularidades del proceso de nombramiento obrarían en su contra y el nombramiento del fiscal requeriría aprobación de la Legislatura, resultando el mismo inoficioso. Por ultimo, y ante el hecho de que sus cuatro primeros intentos para descarrilar la investigación en su contra fracasaron, la Gobernadora, por medio de su abogado personal Edgar Vega Pabón, solicitó que se desestimara la investigación alegando, entre otras cosas, que la obstrucción no era aplicable a la Gobernadora por ostentar dicho cargo, sin percatarse de que el recurso de desestimación no está disponible en esta etapa de los procesos.
Habiendo fracasado en 5 ocasiones, hoy día Wanda Vázquez queda pendiente de que se le enjuicie no una sino dos veces; la primera un juicio que se verá en los tribunales, la segunda, que ocurrirá previo al juicio legal, un juicio político en las urnas de la primaria PNP. Queda en manos del pueblo progresista juzgar los hechos y determinar si le concederán la oportunidad a Vázquez Garced de seguir haciendo de las suyas.
