Opinión de Heriberto Martínez Otero: El Costo del Gobierno Central para los Municipios

Lea la columna de opinión del economista

Por Metro Puerto Rico

La capacidad de los municipios de Puerto Rico para atender demandas insatisfechas de los ciudadanos ha quedado demostrada empíricamente durante los últimos cuatro años. El paso de los huracanes Irma y María (2017) puso en evidencia que el gobierno central no tenía los mecanismos, la capacidad, ni los recursos para socorrer a los ciudadanos durante los meses posteriores a los eventos atmosféricos. Durante semanas, la única institución de gobierno con la cual los ciudadanos tuvieron contacto fue con los municipios. Mientras los funcionarios del gobierno central estaban acuartelados en el Centro de Operaciones Especiales (COE) bajo estrictas medidas de seguridad, con cocina de chef, aire acondicionado, y comodidades de hotel; fueron los alcaldes y legisladores municipales, junto a los ciudadanos los que levantaban escombros, abrían caminos, y buscaban entre recursos escasos para ayudar a la gente. En los años posteriores, los municipios fueron fundamentales en identificar focos de necesidad hacia dónde dirigir los recursos, los cuales no llegaban con la premura deseada debido a la ineficacia del gobierno central para presentar un plan creíble que permitiera el rápido desembolso de fondos federales.

Durante el Verano 2019, la crisis institucional del gobierno central llevó a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, resultando en un vacío de poder coyuntural ante la incertidumbre relacionada con la sucesión. Durante ese período de inestabilidad política, los municipios fueron las instituciones administrativas que dijeron presente para seguir administrando la cosa pública, dando certeza a los ciudadanos de que los gobiernos locales continuarían operando en función del bienestar de los ciudadanos. Con los terremotos a principios de 2020, observamos el mismo patrón: gobierno central encerrado en su laberinto burocrático, mientras los municipios del suroeste decían presente en su apoyo a los ciudadanos. Finalmente, vemos que con la pandemia del COVID-19 se confirmó que el gobierno central está en crisis de administración pública, mientras los municipios fueron los que asumieron la vanguardia en el proceso de reclutamiento de epidemiólogos para establecer mecanismos de rastreo y diagnóstico de personas contagiadas. Municipios como Villalba, San Lorenzo, Orocovis, Caguas, Bayamón, y San Juan fueron muy diligentes en establecer mecanismos para enfrentar la pandemia.

Este resumen acerca de las ejecutorias de los municipios con respecto al gobierno central durante los pasados cuatro años nos lleva a concluir que los gobiernos municipales tienen ventajas evidentes sobre el gobierno central para llevar acabo actividades de política pública con miras a satisfacer necesidades y buscar el bienestar de la gente. La interrogante que nos presenta este relato es si los municipios son capaces de ejecutar apropiadamente ciertas competencias que le corresponden al gobierno central. La realidad es que hoy, los municipios están haciendo con su presupuesto tareas que le corresponden al gobierno central, sin que estos gastos sean reembolsados. Por ejemplo, municipios como San Juan, Caguas, Villalba y Humacao gastan más del 10% de sus presupuestos en competencias y compromisos del gobierno central. Competencias como seguridad, salud, educación, pavimentación de carreteras, servicios al adulto mayor son solo algunas de las reponsabilidades que los gobiernos municipales han absorbido sin que se le reembolsen esos gastos. Las voces críticas que tienen agendas para liquidar la estructura municipal no han sido capaces de desmentir la gestión de los municipios con respecto al gobierno central. Lo justo en este momento es analizar las competencias que los municipios pueden seguir adquiriendo, pero con el compromiso del gobierno central de que asginará los recursos para que los municipios puedan cumplir con los servicos a los ciudadanos. De lo contrario, continuaremos con un modelo de financiamiento que permite el enriquecimiento injusto del gobierno central a costa de la responabilidad social que tienen los municipios. Al final del análisis, es sencillo reconocer que el gobierno central se ha convertido en una carga pesada para los gobiernos municipales y que es el gobierno central quien está en deuda con los muncipios.

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