Toda sociedad que aspire a ser democrática tiene la obligación de brindar servicios dignos a su población. Las instituciones públicas son las principales gestoras de cumplir con esas responsabilidades que, en múltiples ocasiones, conllevan la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos.
Diversos gobiernos han promovido deliberadamente el deterioro, e incluso la criminalización, del servicio público en su afán irresponsable y en ocasiones corrupto, de privatizar diversos servicios del gobierno con el fin de beneficiar a algunos, en detrimento de la mayoría. Uno de los más claros ejemplos ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica, donde las terribles administraciones de gobiernos PPD y PNP, han provocado su deterioro fiscal, organizacional y estructural con el propósito de sentar las bases para privatizar tan fundamental y esencial corporación pública para el país.
La aprobación de leyes que permiten la privatización de la AEE, despejó el camino para que el 22 de junio de este año se anunciara la firma de un contrato con Luma Energy, LLC. El mismo se ha presentado como una concesión de la transmisión y distribución pero varias organizaciones de empleados y múltiples sectores de la sociedad han señalado que por el contrario, el contrato delega control absoluto sobre todas las operaciones de transmisión y distribución de la AEE, incluyendo aquellas funciones de servicio al cliente, finanzas, laboral, asuntos jurídicos, formulación de política pública, cobros, planificación, contratación, reconstrucción del sistema eléctrico y, además, algunas funciones sobre la generación de energía. Es la entrega de la AEE a un monopolio privado menos la generación de la energía, dejando en sus manos la política pública energética y el futuro de las posibilidades de la energía renovable, si algunas.
Este contrato también viola derechos a los empleados bajo leyes, sus convenios colectivos, los efectos perjudiciales al sistema de retiro, a las leyes que regulan las tarifas y las transacciones de la AEE y es sin lugar a dudas un contrato leonino y un despilfarro de fondos públicos.
La AEE es y ha sido fundamental para el desarrollo económico del país, para garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan derecho y acceso a energía eléctrica sin importar su condición social, ni ubicación geográfica, es una institución con miles de empleados que en los momentos más difíciles del país han estado presente para la recuperación. La AEE es de nuestra nación, del pueblo y así debe continuar.