Este cuatrienio Puerto Rico ha sufrido los embates de desastres naturales y gubernamentales. En varios de los desastres provocados por el gobierno sobresale el nombre de Wanda Vázquez Garced.
Las controversias en torno a la figura de Vázquez incluyen su acusación criminal por utilizar el andamiaje del estado para beneficio personal en un caso que involucraba un familiar y del que ella se supone se había inhibido.
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Entre los desmanes de Vázquez están su rol en la controversia de los vagones con suministros desaparecidos, al solicitar que no se le enviara un referido para no tener que investigar, la abortada investigación sobre las ayudas de Unidos por Puerto Rico y la controversia surgida en la investigación al chat de WhatsApp.
Cómo Secretaria de Justicia no envió a ningún fiscal a atender el caso contra un exsecretario de Justicia por regatear en su auto, pero asignó cuatro fiscales a llevar un caso menos grave contra el abogado Leo Aldridge. Vázquez impulsó insensiblemente el procesamiento de la niña Alma Yariela Cruz de 11 años por empujar a otra compañera de escuela, pero se cruzó de brazos ante señalamientos de empleados fantasmas en la Asamblea Legislativa y por contratos ilegales en el Departamento de Educación y en ASES.
Tampoco hizo nada para investigar un alegado esquema dentro de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a allegados de La Fortaleza. Asimismo, se le reclamó por esconder suministros en un almacén de Ponce y despidió al jefe de Manejo de Emergencias, quién inmediatamente divulgó que la Gobernadora conocía del almacén. Luego ordenó una investigación al NIE y posteriormente litigó para ocultar el informe. Recientemente defendió la compra de millones de dólares en pruebas para detectar COVID19 a la empresa APEX que luego se demostró fue fraudulenta.
Esta semana trascendió que Vázquez despidió a la Secretaria de Justicia pocas horas después de que esta hiciera un referido al Panel del FEI en su contra y que el diligenciamiento de los referidos se detuvo por instrucciones de la Secretaria de Justicia interina. Esta secuencia podría representar un intento de obstruir una investigación refrendada por tres fiscales y respaldada por evidencia considerable.
Los eventos recientes tienen que ser investigados con rigurosidad hasta las últimas consecuencias. La inacción es inaceptable.
