Una vez más un escándalo de corrupción e ilegalidades arropa la discusión pública, y nuevamente contra el funcionario público de mayor jerarquía en Puerto Rico, la Gobernadora.
Los referidos al Panel de la Oficina del Fiscal Independiente sobre la gobernadora y otros funcionarios y legisladores, son por sus actuaciones en el manejo de los alimentos durante los terremotos en la zona sur. Además, se añade la denuncia de que Vázquez Garced ordenó detenerlos, provocando una intervención indebida y una posible obstrucción a la justicia. Su defensa ha sido, que quien la refiere -que era su Secretaria de Justicia- es más corrupta que ella.
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La lucha primarista ha provocado denuncias y señalamientos por todos lados, independientemente de sus propósitos, han demostrado la clara y patente podredumbre gubernamental, que no puede ser disfrazada simplemente como negligencia u omisiones en el ejercicio de las funciones públicas.
La venta de pruebas para el COVID-19, estuvieron basadas en un esquema de corrupción pública en donde empresarios vinculados al Gobierno y a su partido, se privilegiaron ilegalmente mediante contratos fatulos.
De igual forma el proceso de repartición de comidas como consecuencia de los terremotos estuvo controlado por políticos y sus campañas, sustituyendo de esa forma criterios de sana administración pública y de la necesidad real de todo el país.
Desgraciadamente todo esto se da en medio de las condiciones sociales y económicas más difíciles para muchos sectores de la sociedad. Los huracanes, terremotos y la pandemia debería ser lo único que el Pueblo de Puerto Rico debiera estar enfrentando. Sin embargo, la corrupción y el inversionismo político no descansan y tristemente aprovechan los tiempos de mayor desgracia colectiva, para seguir saciando su sed de lucro y avaricia.
Hay que continuar indagando e iniciar investigaciones sobre los escándalos más recientes, la dejadez, la impunidad y el mirar para el otro lado no pueden continuar. Tenemos la responsabilidad de realizar las gestiones investigativas para el descubrimiento de la verdad y la adjudicación de responsabilidad en todos sus ámbitos, tanto penales como civiles e incluso, electorales. Ese es el reclamo del país, que en medio de toda esta pandemia siente como el verano del ’19 desafortunadamente se repite ahora en el verano del ’20.
