La nominación de Carlos Rivera para Secretario del Trabajo confirma la crueldad de la gobernadora, quien era su jefa cuando el designado -desde su posición de poder en la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia (SAAMF)- procesó criminalmente a una niña que se defendía de “bullying” y ataques racistas en su escuela. Rechazamos que al responsable de criminalizar a una niña negra, víctima de maltrato institucional, y quien se ensañó en su contra con el peor espíritu competitivo, se considere para a ocupar un puesto en el gabinete.
Según revelado con la publicación de otro de esos “chats” infames del gobierno PNP, la privación de libertad, de oportunidades y de derechos fundamentales contra la niñez por parte del Departamento de Justicia fue motivo de burla y de celebración. Resulta mucho más grave el hecho de que esas burlas, celebraciones y hasta amenazas a quienes defendían a la menor, las expresan quienes se supone están encargadas de representar legalmente los intereses de los menores en procedimientos judiciales. Esto incluye los procedimientos sobre maltrato y negligencia. La SAAMF también es la encargada de implementar la Ley de Menores de Puerto Rico e investigar todas las querellas referidas por la Policía donde se alegue la comisión de una falta.
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Como consecuencia de los recortes y las medidas de austeridad que venimos enfrentando por años, los servicios que necesita nuestra niñez han sido sustituidos por intervenciones policiales, con las consecuencias que ya conocemos. La División de Asuntos Juveniles de la Policía ha reemplazado de facto a trabajadores sociales -escolares y comunitarios- a sicólogas y otros profesionales desplazados por legislación como la ley 7 y la ley 66.
La desigualdad social en Puerto Rico se manifiesta con mayor furia contra la niñez y los indigentes, quienes sienten toda la fuerza de los golpes de la “mano dura”. No hay duda de que seguimos enfrentando problemas de violencia y de criminalidad. Pero para atacar efectivamente la criminalidad y la violencia es necesario atacar la exclusión social, combatir la pobreza y crear oportunidades para nuestra niñez, no entorpecerlas. Despenalizar los asuntos de menores, especialmente en sus escuelas, es una tarea impostergable. La sociedad igualitaria, justa y democrática a la que aspiramos exige que la reparación y la reconciliación, en lugar de la agresión y la retribución, sean las bases del sistema de justicia juvenil.
