Opinión de Larry Emil Alicea: Ausente para ayudar, ¡Presente! para castigar

Lea la columna de opinión de Larry Emil Alicea

Por Metro Puerto Rico

Recuerdo en mi infancia, pasar por el Centro de Detención Juvenil que ubicaba en Humacao.  Mi papá me decía:  “Esa es la cárcel de los niños delincuentes”.  Muchas veces la iglesia en donde crecí durante mi niñez y mi juventud fue a ese centro y observé niños tan pequeños como 8 años encerrados en aquella cárcel, que de centro juvenil no tenía nada.  Las condiciones de hacinamiento y precariedad eran espantosas.  Luego de salir de aquel lugar quedaba perturbado por días. Cuando decidí estudiar trabajo social en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, mis profesoras me expusieron a estudios sobre la llamada “delincuencia juvenil” que esbozaban claramente las causas del problema y los cursos de acción necesarios.  Hoy en día nada de eso ha sido implementado.

 

Si usted revisa la Ley de Menores, las niñas y niños no cometen delitos, cometen faltas, no van a cárceles, van a instituciones.  Sus casos en los tribunales comienzan con un epígrafe que lee: “Pueblo en interés del menor”.  Sin embargo esa ley es pura retórica utilizada al servicio de la persuasión para que creamos en una justicia juvenil que no existe .  Esas niñas y niños son tratados como criminales en todos los procesos. Son esposadas, puestos en celdas y enviados a lugares que tienen la estructura de la cárcel.

 

Existe una procuraduría de personas menores de edad en el Departamento de Justicia.  Dentro de ese lugar se encuentran profesionales de primer orden. Incluyendo procuradoras y profesionales del trabajo social.  Muchas de ellas se entregan en sus casos, tratan de buscar medidas dispositivas que eviten la institucionalización. En otros casos, esa no es la realidad.  Conocemos por la prensa el caso de la niña Alma Yariela y el del joven al que le radicaron cargos por pernoctar en una escuela para huir de situaciones de maltrato en su hogar.

 

Son dos los que han salido en la prensa pero en la realidad son decenas de casos en el mal llamado sistema de justicia juvenil.  Haney en un libro publicado este año por la Asociación América de Psicología les llama a las instituciones carcelarias de niños y jóvenes un “Fracaso Institucional”.  Esboza en su capítulo que las personas infanto juveniles que llegan a ese sistema en su inmensa mayoría enfrentan en sus historias de vida experiencias adversas producto de la desigualdad social y de falta de servicios para ellas y sus familias.  Su análisis concluye que son tratados primero como criminales y luego como niños y niñas.  El trabajo desde miradas preventivas basadas en derechos y bienestar para ellos y sus ambientes ha estado ausente para el trabajo con jóvenes y niños. Numerosas investigaciones citadas por expertos demuestran que el trabajo desde la prevención y los derechos es más económico y efectivo que el trabajo desde las instituciones.

 

El libro de Owen Hawn detalla la gran cantidad de jóvenes que intentan quitarse la vida en los sistemas carcelarios en los que son ingresados. Muchos de ellos y ellas llegan a estos sistemas sin que se pondere la coocurrencia de abuso de sustancias en sus ambientes, el maltrato infanto juvenil y la presencia de situaciones de salud mental que no fueron tratadas adecuadamente.  Se añaden aspectos sobre raza y clase social que hacen más probable el ingreso de un niño a estas instituciones. Las páginas de su libro esbozan el fracaso de la sociedad como el efecto directo de estas detenciones.

 

Las alegadas conductas delictivas o faltas como le llaman en Puerto Rico, son producto de un sistema que les falla.  Un Estado que nunca aparece para ayudar. Cuando lo hace, no trabaja con las causas, interviene con los síntomas.  El efecto de ese trabajo mediocre es que los problemas que inciden en la presencia de comportamientos que son procesados como delitos no se resuelven.

 

No hay una política pública para abordar el tema de uso de sustancias con una perspectiva salubrista. El sistema educativo en Puerto Rico carga con fallas históricas y estructurales y no cuenta con mecanismos adecuados de prestación de servicios e identificación de situaciones para prevenir la agudización de problemas que enfrentan los y las estudiantes.  En ese sistema ocurre acoso a niños y niñas por su color de piel, por su raza, por su orientación sexual, por su identidad de género y por su complexión física.  En algunos casos, personal de ese mismo sistema reproduce sus prejuicios y se hace de la vista larga a los abusos que se dan en el ambiente escolar.  Las cartas circulares dirigidas a educar para la equidad y a garantizar derechos fueron revocadas. Finalmente, el personal de trabajo social escolar es agobiado con múltiples tareas administrativas lo que les impide poner en vigor programas de prestación de servicios adecuados.  En algunas escuelas hay una sola de estas profesionales para comunidades escolares inmensas.  Este hacinamiento laboral se agudizó con el cierre masivo de escuelas de esta administración.

 

La salud mental en Puerto Rico se presta en el marco de una política salubrista privatizada. La salud lejos de ser un derecho es un privilegio. La prestación de servicios de salud para niños y niñas empobrecidas pasa por un largo proceso de espera para citas.  Cuando por fin son atendidas, se utiliza un abordaje patológico médico que ignora los determinantes sociales que inciden sobre la presencia o ausencia de salud mental en los países. Horton indicaba que la salud global trata acerca de poder y pobreza, violencia y explotación, opresión y silencio y colusión y exclusión.  El abordaje a esos problemas ha sido desde la criminalización.  El resultado ha sido el incremento de las violencias en el páis. La violencia institucional no tiene otro resultado que la reproducción de relaciones sociales violentas.

 

Alma Yaridia y el joven arrestado porque usaba la cobacha de su escuela como vivienda para protegerse del maltrato, son la cara y las voces de decenas de jóvenes en un sistema de justicia juvenil que tiene un vocabulario progresista en la ley que lo crea, pero a nivel operacional es el mismo sistema penal carcelario que ha fracasado con las personas adultas.  Son el triste ejemplo de un Estado que está ausente para ayudar pero que siempre dice ¡Presente! para castigar. Y no.  La culpa no es de los valores, la culpa no es de las mal llamadas familias disfuncionales.  La culpa es toda de un sistema que crea categorías y privilegios para algunos y precariedad y vulnerabilidad para otros. Luego que te excluye, te castiga por la exclusión que provocaron.  Es hora de exigir un nuevo sistema de justicia juvenil.  Es hora de aspirar a un nuevo proyecto de país.

 

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