Hoy conmemoramos el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos designó esta fecha al concluir el quinto Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer el 28 de mayo de 1987.
Visibilizar el tema de la menstruación y fomentar la educación sobre su importancia es una exigencia para quienes defendemos los derechos humanos como la perspectiva correcta en la elaboración de políticas públicas. La gestión menstrual junto a la salud sexual y reproductiva siguen siendo tabúes sociales. Para vencer los obstáculos es obligatorio seguir incluyendo estos asuntos en la discusión pública.
Hablar libremente de nuestros procesos biológicos debería ayudar a superar ciertos prejuicios. Sin embargo, muchas veces los exacerba fatalmente. Por eso, la confección de políticas públicas en general -y en materia de salud en particular- debe partir del reconocimiento de la equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos. La mayoría de la población menstrúa, lo cual tiene un impacto considerable sobre nuestras vidas incluido el ámbito laboral. Aún así, como tantos otros aspectos de nuestras vidas, no se toma en cuenta en el desarrollo de políticas públicas. Un ejemplo reciente que confirma la ausencia de estas consideraciones fue la eliminación del IVU sobre los productos de la gestión menstrual, impuesto que no debió aprobarse, mucho menos sobre este tipo de artículos y mercancías cuyo uso para la mayoría es una necesidad.
Existen muchos asuntos que nos afectan como mujeres que tienen que ser incluidos en la función legislativa para ampliar nuestros derechos. Nadie puede cuestionar la centralidad del trabajo en nuestra sociedad. Por eso, una de las propuestas que presentaré como senadora es la licencia menstrual, cuyo anuncio el pasado mes de marzo generó controversias que confirman la urgencia de incorporar temas sobre nuestras necesidades particulares -y desde nuestra perspectiva- tanto en el debate público como en la actividad legislativa.
Necesitamos reorientar la discusión pública para incorporar la perspectiva de género a los análisis, a los debates y a todas las instancias de la sociedad. El gobierno podrá resistir su adopción en el Departamento de Educación durante el tiempo que le queda. Pero para todo lo demás no tenemos que esperar.