Mientras la mayoría de nuestro pueblo sufre de hambre, no tiene dinero ni acceso adecuado a la salud, la corrupción gubernamental alcanza niveles abusivos. Aunque los orígenes de la corrupción en la escala actual pueden identificarse con las transacciones para la compra a sobreprecio de la Telefónica y las Navieras bajo el primer mandato de Rafael Hernández Colón y el PPD, fue bajo la gobernación de Pedro Rosselló y del PNP que por primera vez los principales funcionarios de la rama ejecutiva pasaron a ejercer proselitismo y recaudación como parte de las funciones de sus puestos. Desde entonces, comenzaron a usar sus posiciones para adelantar la agenda corrupta de sus partidos.
La primera obra de Pedro Rosselló fue conferirle nuevos y amplios poderes al Secretario de la Gobernación. Se le otorgó la facultad de escoger y aprobar todos los nombramientos a las posiciones ejecutivas de primer y segundo nivel -funciones que le correspondía hacer a los secretarios de departamentos y agencias. Igualmente el poder de aprobar todos los contratos de servicios profesionales en el gobierno, de proyectos, con suplidores de maquinaria, equipo y otras mercancías y formular la política de todos los programas de gobierno. Desde entonces, toda decisión importante de un secretario o director de agencia ha tenido que contar con la autorización previa del Secretario de la Gobernación.
Quedó demostrado una vez más durante las vistas públicas de la Cámara de Representantes, que el gobierno -como ha hecho bajo administraciones rojas y azules- sigue contratando a quienes contribuyen -ayuden o faciliten- a sus campañas políticas. Luego son recompensados mediante diversas formas de privatización. El escándalo revelado sobre la compra de las pruebas del COVID19, cuya legitimidad defendió la gobernadora muy apasionadamente, confirma que la gestión gubernamental ha sido privatizada a través de licitaciones irregulares y transacciones -en muchos casos- ilegales. ¿A cargo de quién entonces, está la gestión pública? Como hemos visto una y otra vez, la gestión gubernamental se le entrega a quienes contribuyen a las campañas electorales. El esquema, aunque con matices, es más o menos igual: los recaudadores se convierten en intermediarios entre los protagonistas de uno y otro lado. Tenemos que combatir la corrupción y acabar con el inversionismo político. Un paso importante en esa dirección es la eliminación del financiamiento privado de las campañas políticas. Necesitamos salir del bipartidismo colonial y corrupto con más urgencia que nunca. Vamos a unirnos para sacarlos y que no vuelvan. Nunca más.
