Ya son casi 60 los días que han pasado desde que se decretó a nivel local la primera versión del toque de queda en respuesta a la amenaza del COVID19. Pero aunque la idea del toque de queda mismo – así, con la carencia de la información científica requerida y guiada según ha admitido el propio Secretario de Salud por una corazonada- parece haber rendido frutos, la emergencia ha dejado en evidencia las carencias de la estructura de nuestro aparato gubernamental. Diezmado, ineficiente y sin memoria histórica.
El toque de queda, según los científicos con los que he conversado, parecería haber funcionado por cuanto nuestro sistema de salud no ha colapsado. Y eso implica que no ha tenido que absorber un número extraordinario de contagiados que requieran hospitalización. La crisis, como nosotros, se ha quedado en casa. Pero el problema es que la respuesta gubernamental no puede estar solo basada en buenas corazonadas. El “task force” médico nombrado por el Gobierno publicó un plan que recomienda la reapertura de la economía local en 4 fases. Sin embargo, ese mismo plan lanza importantes advertencias. Nos recuerda que para que la reapertura sea exitosa y no tengamos que volver a cerrar, la tasa de contagio no puede alcanzar el 12%. Hoy esa tasa alcanza entre un 6 y un 8%. ¿Cómo se evita ese incremento? Entre otras cosas, dice el documento, poniendo en práctica un plan de realización de pruebas moleculares masivo y habilitando un plan de rastreo de contactos. ¿El problema? Que a más de 50 días el Gobierno no ha comprado las pruebas suficientes y, segundo, que el plan de rastreo de contactos no está listo a dos meses de decretada la emergencia. Es ahora que Salud ha admitido la necesidad de elaborar un plan con base municipal versus el intento fallido de un sistema con base regional. La imposibilidad de Salud -a pesar de las buenas intenciones del Secretario- de elaborar el plan esperado, unido a la evidentemente fallida transacción de compra de un millón de pruebas de covid19, parecerían dejar claro que más allá del nombre, Salud es una agencia ineficiente que dista mucho de los que fue hace una década.
Un escenario similar se da en el Departamento del Trabajo. Allí, después de semanas, aun no se ha podido repartir un dinero que ya se encuentra en la Isla añejándose en el banco y que permitiría aliviar la situación de escasez de recursos de miles de puertorriqueños que han quedado sin trabajo. Primero se le echó la culpa a la falta de infraestructura técnica y, como ya va siendo costumbre, se apostó al sector privado para poner “la casa en orden”. Pero aun cuando la tecnología privada entró en juego, la repartición de la ayuda sigue estancada por la aparente falta de elaboración de un plan efectivo, 60 días después. SESENTA.
Y aunque muchos apuestan a que la solución en muchos de estos casos es tan sencilla como quitar al secretario de turno y poner uno nuevo, me parece que el asunto es aún más complejo. No es otra cosa que la ineficiencia institucionalizada que no se resuelve de la noche a la mañana porque es el producto de años de “no hacer”. Un estado de situación promovido por partes iguales de recortes de recursos económicos a las agencias bajo la excusa de ajustes presupuestarios y “downsizing” , congelación de plazas y jubilación prematura de funcionarios que constituían la memoria histórica de las agencias (por eso muchos en Educación dicen por lo bajo que esa es la razón por la que la agencia aún no han podido encontrar los planos de las escuelas para saber cómo están construidas o si tienen o no asbesto) y el criterio estrictamente político partidista para muchas de las decisiones de personal dentro de las agencias. Un reclutamiento en el que la “paleta de colores” –azul, rojo- pesa más que el mérito. Un sistema en el que el pasquinar es mayor destreza añadida que la educación continua y la preparación académica. Una cultura de trabajo que parecería beneficiar el uso y costumbre y la inercia a la necesidad de ajustar los procesos y reaccionar con celeridad a los restos de los tiempos. Pero mientras el país exige cambios y agilidad en la determinación de política pública, esa necesidad sigue atrapada por esa inercia que va ganando la batalla ante la eficiencia. ¿La víctima? El ciudadano que no recibe su prueba de COVID cuando debería o aquel al que no le llega a tiempo el cheque de desempleo o el beneficio del PAN. Y así seguimos, todos los días, viendo como los problemas de eficiencia se nos pasean frente a la cara. Nos molestan; No distraen. Pero nadie, absolutamente nadie hace lo necesario para producir la soluciones permanentes que nos libren del suplicio de una vez y por todas.